Más de 2.000 personas se han concentrado este miércoles por la tarde frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta para protestar contra la gestión del Ejecutivo central de la crisis migratoria y denunciar lo que consideran una falta de respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad.
La movilización comenzó alrededor de las 18.00 horas frente al Hospital Militar, en la barriada de O’Donnell, uno de los espacios contemplados por el Gobierno central dentro del dispositivo de acogida diseñado tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
Los manifestantes, muchos de ellos portando banderas de España y de Ceuta, iniciaron desde allí una marcha hacia las Puertas del Campo, donde se incorporaron nuevos participantes, para continuar posteriormente hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno.
Durante la protesta se escucharon consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «Ceuta no es un CETI», además de peticiones de dimisión dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
La concentración también mostró el rechazo de los participantes a que el Hospital Militar y otros espacios públicos puedan ser utilizados para alojar a personas migrantes. La protesta da continuidad a las movilizaciones celebradas durante la jornada del martes en distintos puntos de la ciudad.
La protesta coincide con una reunión de seguridad
La concentración se desarrolló mientras en el interior de la Delegación del Gobierno tenía lugar una reunión para abordar precisamente la situación derivada de la crisis migratoria. El encuentro estuvo presidido por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En la reunión participaron representantes de los ministerios implicados y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para coordinar las medidas adoptadas tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Ante la elevada presencia de manifestantes, la Policía Nacional estableció un dispositivo de seguridad en los accesos a la Delegación para evitar que se produjeran entradas no autorizadas en el edificio.
El Gobierno central ya había señalado que instalaciones como polideportivos y otros equipamientos incluidos en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros solo se utilizarían en circunstancias excepcionales y mediante el consenso con las administraciones implicadas.
Pese a estas explicaciones, el malestar ciudadano se mantuvo durante la tarde y fue aumentando conforme avanzó la noche. La jornada terminó con algunos altercados en la zona de la playa del Trampolín, en un episodio que elevó la tensión tras varias horas de movilización.
