Un total de 162 mujeres han sido liberadas tras ser víctimas de una organización dedicada a la explotación sexual en varias provincias de Málaga. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha concluido con la detención de 37 personas, cuatro de ellas detenidas en la provincia de Málaga.
También se ha procedido en la detención de implicados en las provincias de Valencia, tres en Alicante, cuatro en Castellón, cuatro en Málaga y otras cuatro en Murcia. Nueve de los detenidos han ingresado en prisión provisional y se han realizado 39 registros en siete provincias diferentes, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.
Entre los registros, se han investigado los domicilios de once responsables de dicha organización y locales dedicados a la explotación sexual de las víctimas. En total, se han incautado 141.000 euros y tres vehículos, así como el bloqueo de bienes y cuantas bancarias de los presuntos responsables.
La organización se dedicaba a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajos, a las que se obligaba a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española.
Todo comenzó a raíz de la declaración de tres víctimas que denunciaron haber sido explotadas sexualmente por varias personas y en varias provincias españolas, los agentes de la Policía detectar el entramado criminal que operaba principalmente el la Comunidad Valenciana pero que se estaba expandiendo a otras provincias como Murcia, Málaga, Barcelona o Tarragona.
La organización adquiría o alquilaba inmuebles familiares o comerciales por vías legales para aparentar legitimidad camuflándolos como locales de masajes, que permanecían cerrados y presentaban en muchas ocasiones mala ventilación y condiciones de habitabilidad lamentables.
Las víctimas solo podían salir dos horas al día, siempre en horario de mañana, debiendo estar disponibles permanentemente. Estas dormían hacinadas en literas o directamente en la misma cama donde atendían a los clientes.
La mitad del dinero de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, aunque podían ser sancionadas por los captores por distintos motivos.
En paralelo a la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial de la organización criminal y de blanqueo de capitales, y pudo identificar a los acusados que controlaban las sociedades utilizadas por la organización como pantallas para canalizar los beneficios de su actividad criminal.
Esta investigación patrimonial permanece abierta y se está analizando la información bancaria y el resto de datos obtenidos en los registros domiciliarios, donde se hallaron las libretas y ordenadores donde se llevaba a cabo la contabilidad de cada local de explotación.
