La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno de Juanma Moreno para reforzar la autoridad del profesorado y garantizar su protección ante situaciones de violencia en el ámbito educativo. “No vamos a permitir que la violencia entre en las aulas, ni que las personas que tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos tengan que hacerlo en un entorno de amenazas y agresiones”, ha afirmado de forma contundente.
Navarro ha visitado el IES Los Montecillos de Coín, junto al delegado territorial de Educación Miguel Briones, para trasladar su apoyo de forma personal al equipo directivo y a todo el claustro de profesores, después de que la pasada semana la propia directora y una profesora del centro sufrieran la agresión verbal y física por parte de los padres de un alumno. En la reunión también ha estado presente el alcalde de Coín, Francisco Santos, y la concejala de Cultura y Educación e Infancia, Alba Guzmán.
El compromiso del Gobierno andaluz por el respeto a la autoridad docente ha sido “una prioridad de Juanma Moreno” que se ha materializado con el desarrollo de la Ley de reconocimiento de Autoridad del Profesorado. “Nos tomamos muy en serio la protección de nuestros docentes y cuando se produce una situación como la ocurrida en Coín, los profesores deben saber que no están solos”, ha añadido.
La delegada del Gobierno andaluz ha recordado que el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que desarrolla dicha Ley y que gracias al mismo “no sólo damos continuidad a esta norma, también desarrollamos las medidas concretas y efectivas para que sea aplicada de manera efectiva en los centros educativos”, ha explicado Navarro quien ha añadido la necesidad de seguir reforzando “la valoración social hacia los profesores para que su trabajo se desarrolle con las máximas garantías”.
La norma establece la creación de Unidades de Apoyo al Profesorado en las ocho provincias andaluzas, encargadas de atender y asesorar a los profesores afectados por situaciones conflictivas, así como ayudarles a tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica.
En marzo de este mismo año, la Junta de Andalucía aprobó la puesta en marcha de estos mecanismos con la creación de diez puestos de Psicología destinados a dichas Unidades de Apoyo. “La Ley de Autoridad ya cuenta con una aplicación práctica en los centros escolares que sirven para proteger y respaldar a quienes desempeñan una labor esencial en la educación de nuestros hijos”, ha afirmado la delegada para añadir que el sistema educativo andaluz no se mejora sólo a través de las infraestructuras y los equipamientos “también debemos mejorar las garantías y la seguridad de la profesión docente”.
A estas medidas se suma la actualización del protocolo de actuación ante agresiones al profesorado, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, que permite reforzar la intervención de Inspección Educativa para que, en caso de agresión hacia el profesorado, la dirección docente deba comunicar los hechos de manera inmediata al inspector de referencia, para que éste se persona en el centro y atienda al profesor afectado para, posteriormente, dejar constancia de los hechos a través del sistema Séneca.
“Ante una agresión, la respuesta tiene que ser rápida y contundente y lo hemos visto tras los hechos ocurridos en el instituto de Coín, que un día después la presunta agresora fue detenida y otra persona está siendo investigada en calidad de investigado”, ha afirmado Navarro, quien se ha mostrado firma al decir que los profesores “debe saber que desde el propio centro, desde la Inspección y desde la Junta de Andalucía siempre se les va a proteger”.
Tras la agresión ocurrida en el IES Los Montecillos de Coín, la Junta de Andalucía activó los mecanismos de apoyo contemplados para la profesora y la directora del centro, incluyendo la asistencia psicológica y jurídica; al mismo tiempo que desde la Delegación territorial se difundió un comunicado de “rechazo rotundo” a estos hechos y mostró su respaldo a las docentes.
Patricia Navarro ha explicado que el decreto aprobado va a regular los procedimientos para que profesores y maestros puedan solicitar protección jurídica y apoyo psicológico de forma gratuita, pero también establece que el Gobierno andaluz promueva ante la Fiscalía que las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado sean calificadas como atentado.
La delegada del Gobierno ha reiterado que “el respeto al profesorado es una condición imprescindible para garantizar una educación de calidad. Los profesores tienen en sus manos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para el futuro, no sólo con conocimientos, también aportándoles valores para que se conviertan en buenas personas”. Así, para Navarro, la Junta de Andalucía continuará trabajando “para dignificar la profesión docente, mejorar la convivencia en las aulas y ofrecer un entorno seguro tanto para el alumnado como para los profesionales de la educación”.
