La proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del ‘procés’ ha naufragado en el Congreso de los Diputados por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
Este martes, la Cámara Baja ha rechazado un texto que amnistiaba los actos determinantes de «responsabilidad penal, administrativa o contable» ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán –incluidos 9-N y 1-O–, su preparación y consecuencias, «siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023».
Pese a ello, para los de Junts el alcance del texto inicialmente acordado con el PSOE era insuficiente porque no incluía el paquete de enmiendas parciales con las que pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
La semana pasada, la formación presidida por Laura Borràs pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos «de forma manifiesta y con intención directa» que hayan causado «violaciones graves de Derechos Humanos», citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Fuentes cercanas a la negociación apuntaron que desde Junts mantuvieron el pulso hasta el último momento para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo porque, aunque creían que la norma salvaba a los investigados en las causas que se siguen en la Audiencia Nacional (AN) contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y ‘Tsunami Democràtic’, no se fiaban de que surgieran otros procedimientos que pudieran quedar fuera de la amnistía.
LA INVESTIGACIÓN A ‘TSUNAMI DEMOCRÀTIC’
Uno de los principales objetivos de la amnistía era amparar al expresidente catalán huido y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios supuestamente orquestados por ‘Tsunami Democràtic’ en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del ‘procés’.
Sin embargo, en las últimas semanas el juez instructor, Manuel García Castellón, ha señalado a través de sus resoluciones varios puntos flacos. Así, investiga la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de 2019, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán.
También ha indicado que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del ‘procés’ son «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», atribuyendo además una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.
Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras clave (como los aeropuertos).
Esta misma semana, ha intentado estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.
