El Tribunal Supremo ha dado la razón a Andalucía al anular el registro único de alquileres de corta duración por invadir las competencias autonómicas, tal y como la Junta venía advirtiendo desde hace más de un año.
“Es la enésima prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez legisla desde la ideología y de espaldas al ordenamiento jurídico y al respeto competencial”, ha criticado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal.
Así, ha recordado que Andalucía recurrió esta norma en mayo de 2025 alegando invasión de competencias y “falta de diálogo institucional”. “Hoy el Supremo nos da la razón”, ha subrayado.
El propio tribunal aclara que el Reglamento europeo no exigía un registro de ámbito nacional ni alteraba el reparto interno de competencias. “La duplicidad fue una decisión política, no una imposición de Bruselas”, ha remarcado Bernal.
A su juicio, esta “irresponsabilidad del Gobierno central es flagrante”. “Impuso un registro único obligatorio desde el 1 de julio de 2025 sin la cobertura competencial necesaria, ignorando las advertencias de inseguridad jurídica que las comunidades llevábamos meses trasladando”, ha detallado.
El consejero en funciones cree que “legislar desde la imposición y la ocurrencia tiene consecuencias”, y que estas son “normas que nacen muertas, que generan caos administrativo y que terminan tumbadas en los tribunales”.
Asimismo, ha resaltado que Bruselas ya había avisado porque el procedimiento TRIS prohibió la doble inscripción y fijó el 20 de mayo como fecha límite para acabar con la duplicidad.
Sin embargo, ha señalado que “el Gobierno acumulaba avisos por todos los flancos” y que, “ aun así, no rectificó”. “Este nuevo varapalo judicial se suma a una política de vivienda fracasada: de precios disparados, oferta asfixiada e intervencionismo que no ha resuelto nada y que solo ha generado inseguridad”, ha criticado.
Según Bernal, esta decisión, igualmente, confirma “el nulo peso que el turismo tiene en el Consejo de Ministros”, pese a ser una de las principales locomotoras económicas de España y, muy especialmente, de Andalucía.
“Se legisla sobre el sector sin contar con el sector y sin contar con quienes tienen la competencia”, ha apuntado.
“Así no se gobierna: así se improvisa”, ha lamentado, al tiempo que ha preguntado “¿quién va a devolver los costes que ha provocado esta chapuza?”. “Los gastos de adaptación de administraciones, plataformas y propietarios; la inseguridad jurídica creada; el tiempo y los recursos perdidos por una norma que el Supremo acaba de anular”, se ha cuestionado.
Frente a ello, Bernal ha asegurado que “Andalucía seguirá defendiendo sus competencias y exigiendo cooperación, no imposición”, a la vez que ha concluido que “el turismo merece certidumbre, no ocurrencias que acaban anuladas por el Supremo”.
