La Junta de Andalucía reforzará durante los próximos años la colaboración con ayuntamientos, empresas públicas y promotores privados para acelerar la construcción de vivienda protegida y aumentar una oferta que sigue siendo insuficiente para atender la demanda existente. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en el transcurso de la reunión que ha mantenido hoy en Antequera con representantes de la directiva de FADECO.
Díaz ha recordado que durante la pasada legislatura se consolidaron los programas de ayudas a promotores públicos y privados con más de 300 millones de euros en subvenciones y alrededor de 7.000 viviendas en carga.
El modelo parte de la premisa de que la Administración dispone de recursos, suelo y capacidad normativa, aunque el volumen de vivienda que necesita Andalucía requiere movilizar también financiación, capacidad constructiva y experiencia de otros operadores.
“Necesitamos sumar todos los recursos disponibles para construir las viviendas que hacen falta”, ha señalado la consejera, quien ha explicado que la colaboración público-privada no consiste en que la Administración se retire, sino todo lo contrario, significa que utiliza mejor sus recursos para conseguir que se construya más vivienda protegida”.
Uno de los principales instrumentos de esta política ha sido el Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, que concede subvenciones a promotores públicos y privados para actuaciones de nueva construcción, rehabilitación o reanudación de promociones destinadas al alquiler o la cesión de uso. La propia regulación del programa contempla expresamente la participación de ambos tipos de promotores. La Consejería de Vivienda considera que estas subvenciones permiten hacer viables proyectos que difícilmente podrían salir adelante exclusivamente con financiación privada manteniendo precios protegidos.
El resultado acumulado, unido al Programa 6 de EcoVivienda, supera los 300 millones de euros y alcanza unas 7.000 viviendas en distintas fase de desarrollo.
Rocío Díaz ha indicado que los recursos públicos “deben de servir de palanca” porque “si una ayuda permite desbloquear una promoción, incorporar financiación privada y conseguir que cien familias puedan acceder después a una vivienda asequible, estamos multiplicando el efecto de cada euro público”.
Sin embargo, ha recordado que la colaboración con la iniciativa privada no se limita únicamente a las subvenciones, ya que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) también utiliza fórmulas como la permuta de suelo público por viviendas protegidas. Este mecanismo permite poner una parcela pública a disposición de un promotor para desarrollar vivienda protegida y recibir a cambio parte de las viviendas resultantes, que se incorporan al patrimonio público.
Una de las operaciones desarrolladas mediante esta fórmula es la de Huerta Santa Isabel, en Córdoba, donde se han construido 60 viviendas protegidas después de años sin avances. Este tipo de procedimientos permite movilizar parcelas que, de otro modo, podrían permanecer durante años sin desarrollar por falta de capacidad inversora directa de la Administración. En este sentido, la consejera ha explicado que “tener suelo público vacío no resuelve ningún problema de vivienda”, ya que el objetivo no es conservar parcelas en un inventario, sino “conseguir que sobre ellas se levanten viviendas y que una parte, además, vuelvan al patrimonio público”.
Por otro lado, la consejera ha recordado que la Junta de Andalucía movilizará suelo público con capacidad para la construcción de 3.678 nuevas viviendas a través del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), adscrita a la Consejería de Vivienda.
Rocío Díaz ha vuelto a reclamar la derogación de la Ley Estatal de Vivienda y ha añadido que en esta norma “la seguridad jurídica brilla por su ausencia” y que la principal consecuencia de ello es que está retirando viviendas de mercado, ya que “los propietarios no están tranquilos porque temen la ocupación ilegal”.
La consejera ha trasladado en la reunión a los representantes de FADECO Promotores los retos que tiene por delante en esta nueva legislatura como la actualización del Plan Vive, “donde el diálogo con el sector es fundamental”, avanzar en el reglamento de la Ley de Vivienda de Andalucía o la agilización de procesos burocráticos para facilitar la construcción de vivienda.
Una comisión para nuevas fórmulas
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía otorga un rango estructural a la colaboración público-privada, ya que dedica un capítulo específico a estas fórmulas de cooperación y prevé instrumentos para movilizar suelo, promover vivienda asequible y facilitar la participación de operadores públicos y privados.
Entre ellos, figura la Comisión Andaluza de Colaboración Público-Privada en Materia de Vivienda, uno de los tres órganos cuyo desarrollo prepara la Consejería de Vivienda mediante un único decreto y del que ya existe un borrador. Esta comisión tendrá como finalidad impulsar y evaluar nuevas fórmulas de cooperación para la promoción de viviendas asequibles, la movilización de suelo y patrimonio público y la búsqueda de instrumentos de financiación. La ley prevé la participación de la Junta de Andalucía, las entidades locales, operadores privados, tercer sector y expertos.
Rocío Díaz ha puesto de relieve que el objetivo de su departamento pasa por institucionalizar una relación que hasta el momento se articulaba proyecto a proyecto. “La vivienda necesita continuidad, seguridad jurídica y reglas claras para que quienes tengan capacidad de construir sepan cómo colaborar con la Administración”, ha dicho.
También los ayuntamientos desempeñan un papel clave en este modelo puesto que buena parte del suelo residencial y de la planificación urbanística depende de ellas. Las promociones incentivadas por la Junta incluyen actuaciones impulsadas por empresas municipales y ayuntamientos, que combinan suelo público, financiación autonómica y ejecución pública o privada.
La nueva planificación hasta 2030 pretende reforzar estas fórmulas y coordinarlas con las ayudas a la urbanización de suelos, a las nuevas promociones protegidas y a la adquisición de viviendas. El borrador del Plan Vive 2026-2030 sitúa precisamente el incremento de la oferta como la prioridad más importante.
Más colaboración para ganar escala
El Gobierno andaluz entiende que el desafío de la vivienda exige trabajar a una escala superior a la que puede asumir una única administración. Así, la Ley de Vivienda, los programas de colaboración pública, la movilización de suelo y la nueva comisión de colaboración público-privada forman parte de la estrategia de ampliar el número de actores capaces de poner viviendas protegidas en el mercado.
Rocío Díaz ha insistido también en que esa colaboración público-privada debe ir acompañada también de condiciones públicas sobre precio, destino y régimen de las viviendas. “Colaborar con la iniciativa privada no supone renunciar a la acción pública, significa fijar las reglas, proteger el interés general y aprovechar toda la capacidad existente para construir más rápido”.
