El hijo de Beatriz tiene una enfermedad rara. Tan rara que ni siquiera tiene nombre, no está diagnosticada. A causa de esta enfermedad el pequeño -que hoy tiene cerca de 3 años- padece microcefalia severa, retraso en el desarrollo evolutivo, no habla, no sabe controlar los esfínteres, necesita ciertos apoyos que la administración debe darle. Y ese es el problema, que no se los da.
Beatriz matriculó este año a su hijo en el colegio público CEIP Sierra Bermeja, en Estepona, para que se incorporase al segundo ciclo de Educación Infantil. Eligió este centro porque -a pesar de estar lejos de su casa- era el único que en principio contaba con personal especializado para ayudar a su hijo en clase: especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), en Audición y Lenguaje (AL) y Personal Técnico de Integración Social (PTIs).
Sin embargo, para sorpresa de Beatriz, poco después de comenzar las clases el propio colegio le reconoció que no tenía recursos suficientes para atender a su hijo. Es más, le dijeron que la única solución era que ella y su familia pagasen de su propio bolsillo un maestro de apoyo -también conocido como «profesor sombra»– para que estuviera permanentemente con su hijo durante la jornada escolar. Beatriz no daba crédito.
«En el colegio me dicen que están saturados, pero yo es que no puedo permitirme contratar a un profesor. Nos es imposible pagarlo«, denuncia en una entrevista a AZ Costa del Sol.
Su caso no es el único. Como explica Lidia Castro, miembro del colectivo Marea por la Inclusión, «todos los septiembres ocurre lo mismo, es una tónica habitual. Piden a las familias que paguen de su bolsillo un recurso que corresponde a un colegio público, es de locos. Todos esos servicios deben estar garantizados«.
Según cuenta Castro, el problema es la falta de recursos y de personal. La actual ley andaluza de «Solidaridad en la Educación» -que data de 1999- establece claramente los profesionales que deben servir de apoyo a los niños con necesidades especiales, el problema es que no precisa la ratio. Por eso algunos colegios están saturados, o no tienen todos los profesionales que necesitan o tienen que compartirlos con otros colegios. Es el caso del CEIP Sierra Bermeja, que ahora mismo comparte su pedagogo con otro centro escolar y solo dispone de una persona de integración social para todo el colegio.
El año pasado se llevó una iniciativa al Parlamento Andaluz para que se modificase la ley y se incluyese una ratio de al menos un Pedagogo y un técnico de Audicion y Lenguaje por cada diez niños, además de un Integrador Social por cada seis. También se solicitó que la cartera de empleados públicos incluyese la figura del «profesor sombra» para aquellos niños que necesiten un acompañamiento permanente, como los niños con autismo o el caso del hijo de Beatriz.
Finalmente, la enmienda se rechazó. Por esta razón el pasado 17 de junio hubo manifestaciones en Sevilla y Málaga promovidas por la Marea por la inclusión.
«La educación inclusiva es un derecho fundamental de todos los niños. Todos los niños deben tener todos los apoyos y recursos para su educación», denuncia Lidia Castro.
Beatriz ha iniciado estos días una recogida de firmas a través de Change.org para visibilizar su problema -y el de muchas otras familias de hijos con necesidades especiales- y conseguir apoyo de cara a la administración.
“Yo sé que mi colegio no da abasto, por eso me piden que yo busque un cuidador, pero yo no quiero resignarme«, insiste esta madre. «No lo vamos a pagar para resolverle la papeleta a la Junta, es nuestro derecho. La inclusión de verdad es poner a disposición de los niños todos los medios que necesiten”.
Para apoyar la campaña de firmas de Beatriz puede pinchar AQUÍ
