La Diputación de Málaga ha culminado la tramitación del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, un procedimiento que ha sido asumido con recursos propios por los Servicios Sociales Comunitarios de la institución provincial ante la ausencia de financiación específica, refuerzo de personal y apoyo extraordinario por parte de la Administración General del Estado.
La institución provincial ha dado respuesta a este proceso con planificación, capacidad de organización y el compromiso de sus equipos profesionales, garantizando la atención a las personas solicitantes y manteniendo al mismo tiempo los servicios sociales ordinarios que se prestan en los municipios menores de 20.000 habitantes.
La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha destacado que “la Diputación de Málaga ha vuelto a demostrar su capacidad de respuesta ante una situación extraordinaria, dando apoyo a los municipios y garantizando que las personas que necesitaban esta atención pudieran ser atendidas”.
Ledesma ha señalado que “los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios han realizado un esfuerzo muy importante para compatibilizar este procedimiento con la atención diaria a personas mayores, familias vulnerables, personas dependientes, menores, víctimas de violencia de género y ciudadanos en riesgo de exclusión social”.
Asimismo, la vicepresidenta ha reclamado que “los procedimientos extraordinarios aprobados por el Gobierno de España vayan acompañados de financiación específica, refuerzo de personal y una planificación adecuada”. En este sentido, ha añadido que “la colaboración entre administraciones es imprescindible, pero debe ser una colaboración real, con los medios necesarios para que diputaciones y ayuntamientos puedan prestar el servicio con garantías”.
Durante los dos meses de vigencia del procedimiento, los profesionales de las seis Zonas Básicas de Servicios Sociales han afrontado más de 1.500 expedientes y más de 2.000 actuaciones profesionales, entre solicitudes, consultas, entrevistas presenciales y telefónicas, comprobaciones documentales y administrativas e informes sociales de vulnerabilidad.
La carga de trabajo ha sido especialmente intensa en la Zona Básica Costa Occidental-Sierra de las Nieves, donde se tramitaron 384 expedientes, se realizaron 367 gestiones telefónicas y 334 entrevistas, y se elaboraron 336 informes sociales. En la Axarquía también se registró una elevada presión asistencial, con centenares de consultas y más de un centenar de informes emitidos.
Por su parte, Guadalhorce-Sierra de las Nieves gestionó 244 solicitudes; Norte-Los Montes atendió 224 solicitudes y elaboró más de dos centenares de informes; Norte Guadalteba registró 182 consultas y solicitudes, y la Serranía resolvió la totalidad de los 97 expedientes que cumplían los requisitos.
Cada expediente ha requerido entrevistas, comprobación de documentación, verificación de empadronamientos, análisis de la situación social y familiar, coordinación con otras administraciones y entidades, estudio de los requisitos establecidos en la normativa estatal y emisión de informes técnicos motivados.
La Diputación de Málaga considera que esta experiencia pone de manifiesto la importancia de que las decisiones adoptadas por otras administraciones y ejecutadas por las entidades locales cuenten con la correspondiente memoria económica y con los recursos necesarios para su correcta aplicación, especialmente cuando afectan directamente a servicios públicos esenciales.
El trabajo desarrollado constituye un nuevo ejemplo del papel esencial de los Servicios Sociales Comunitarios como puerta de entrada al sistema de protección social y de la capacidad de respuesta de la Diputación de Málaga, que ha asumido con rigor, responsabilidad y eficacia una tarea extraordinaria en beneficio de cientos de personas en toda la provincia.
