El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad.
Se trata de una propuesta del Parlamento de Andalucía que aboga por que las gafas, lentillas o lentes, así como los productos de salud visual, que utilicen los menores de edad, sean financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, las personas mayores de edad, en función de su situación socioeconómica, se podrían beneficiar de esta ley, ya que el SNS aportaría parte de la financiación de estos productos ópticos.
En concreto, la ley señala que la prestación de productos ópticos y de salud visual consiste en la dispensación y utilización de todos los productos o tratamientos cuya finalidad sea el cuidado y mejora de todas aquellas alteraciones o enfermedades relacionadas con las funciones básicas del sistema visual y que impidan o dificulten a una persona conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social.
En su exposición de motivos, el Parlamento de Andalucía recuerda que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, indica que actualmente existen prestaciones de la cartera común básica, financiada con cargo a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, y, de otra, en las prestaciones de la cartera común suplementaria, sujeta a aportación por parte de los usuarios. Donde se encuentra la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y transporte sanitario programado.
«LA ÚNICA VÍA ES POR ÁMBITO PRIVADO»
Por ello, la proposición considera preciso seguir ampliando derechos dentro de la cartera con los productos ópticos, ya que «la única vía de acceso en la actualidad pasa por el ámbito privado, lo que determina una importante desigualdad por razones sociales y económicas».
«Esto último ha provocado una discriminación de clase en el acceso a una serie de productos y asistencias que son de primera necesidad, pues las dificultades para su acceso o actualización de manera adecuada provocan problemas de salud que tienen efectos en ámbitos como el desarrollo educativo, social o laboral de millones de personas», defiende la proposición.
En este punto, subraya el concepto de «pobreza visual», referido a personas que no tienen acceso a la salud visual integral debido a sus condiciones sociales o económicas.
De este modo, propone modificar la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para que en el artículo 8 aparezca la prestación de productos ópticos y de salud visual.
La financiación pública de esta prestación correría a cuenta de la Administración General del Estado, que fijaría anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
