El pasado 1 de abril la administración de Justicia cerraba el juzgado de violencia de género de Estepona. La decisión formaba parte de un plan de comarcalización con el que se pretendía acabar con los juzgados mixtos –los que además de violencia de género también atienden otro tipo de casos civiles y penales- para centrar estas competencias en juzgados exclusivos.
En el caso concreto de Estepona, el cierre del juzgado supuso el traslado de todos los casos de la zona -que abarca Estepona pero también Casares y Manilva- al juzgado especializado en violencia machista de Marbella.
Un paso que los sindicatos señalaron como un error. Provocaría «situaciones de colapso» -advirtieron-, traería consigo «el perjuicio para los trabajadores pero, sobre todo, para las víctimas». Ahora, tres meses después, sus sospechas se confirman.
Según ha podido saber AZ Costa del Sol, la concentración de procedimientos y detenidos en este único punto estaría provocando situaciones de caos. Trabajadores aseguran haber llegado a picos de trabajo de hasta 15 asuntos penales por día, lo que les ha obligado a trabajar desde las 8 de la mañana hasta más allá de las 9 de la noche de forma ininterrumpida.
«El día que estuvieron hasta las 9 fue algo puntual, pero lo más normal es que los funcionarios tengan que alargar su horario hasta las 7 o las 8 -cuando oficialmente deberían salir a las 3 de la tarde-«, critican desde el sindicato Csif. «La Junta no ha previsto un plan de refuerzo para esta situación. El volumen de procedimientos ahora se ha duplicado o incluso triplicado».
Por todo esto, desde el sindicato exigen «un plan de refuerzo en horario de tarde, con turnos rotativos, que permita atender el servicio de forma efectiva y digna», sin que los trabajadores deban hacer horas de más sin cobrar y favoreciendo una mejor organización, por ejemplo, con las fuerzas del orden a la hora de trasladar a los detenidos. Además de estas peticiones, a las que debe responder la Consejería de Justicia, desde el Csif reclaman la incorporación urgente de un segundo juez que ayude a desatascar el trabajo, cuestión que depende en este caso del Ministerio. Se trata de medidas urgentes -insisten- no solo para el bien de los funcionarios, sobre todo para el bien de las víctimas.
