El portavoz del Grupo Municipal Popular, Enrique Rodríguez, ha denunciado el abandono del Gobierno central hacia Marbella en dos cuestiones clave: la gestión del litoral y la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias, y ha anunciado la presentación de dos mociones en el próximo Pleno ordinario del mes de mayo que se celebrará mañana.
En relación al litoral, Rodríguez ha reclamado una modificación normativa que permita que los ayuntamientos costeros, como el de Marbella, perciban al menos el 50% del canon anual que abonan los chiringuitos y demás concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre. “Estamos hablando de una medida de justicia territorial. Los ayuntamientos somos quienes asumimos los costes del mantenimiento de las playas, de la seguridad, de la limpieza y de todos los servicios que hacen posible que nuestro litoral sea un referente”, ha subrayado.
Actualmente, estos ingresos son gestionados íntegramente por la Dirección General de Costas, sin que los municipios reciban compensación alguna, a pesar de soportar la mayor carga de trabajo y gasto. “En el caso de Marbella, con más de 27 kilómetros de playas y una presión turística altísima, esta situación es insostenible. Reclamamos que ese dinero se reinvierta aquí, donde se genera”, ha señalado el portavoz.
Por otro lado, el PP también ha registrado una moción para exigir al Ejecutivo central una actuación inmediata ante el deterioro de las infraestructuras ferroviarias que afectan a la Costa del Sol, y ha recordado la histórica demanda de conexión entre Málaga, Marbella y Estepona. “Marbella es la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que no cuenta con estación de tren. No se trata solo de una cuestión de movilidad, sino de cohesión territorial, sostenibilidad y competitividad. Llevamos años escuchando promesas que nunca se cumplen mientras otros territorios sí avanzan”, ha manifestado Rodríguez.
Ambas mociones reflejan, según ha destacado, el compromiso del Partido Popular con los intereses de Marbella y su voluntad de reivindicar lo que le corresponde al municipio “por justicia, por población y por su contribución al desarrollo económico de Andalucía”.
