El que fuera líder del Partido Estepona (PES) y ex primer teniente de alcalde en dicha localidad malagueña, José Ignacio Crespo de Lucas, uno de los acusados en el caso ‘Astapa’, contra la presunta corrupción urbanística y política en el municipio, ha realizado por escrito un reconocimiento de hechos y ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
Este acuerdo, plasmado en un documento conjunto entre el fiscal y la defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ya ha sido presentado ante el Tribunal que juzga el caso, tiene que ser ratificado por las partes en la vista oral, y supone una rebaja de la pena solicitada tras el escrito de reconocimiento de hechos remitido por parte del procesado.
El fiscal sitúa a este acusado en el núcleo que tomaba decisiones en el Ayuntamiento –gobernado por el PSOE y PES– «arbitrarias, tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos»; además de condicionar la negociación o ejecución de convenios a la realización de pagos adicionales.
Inicialmente, a Crespo se le acusa por un delito de falsedad, en concurso con los delitos de fraude y malversación, además de cohecho pasivo y prevaricación; todos con carácter continuado. Por esto, el fiscal solicitaba en sus conclusiones provisionales una condena a diez años de cárcel, 34 de inhabilitación y el pago de una multa de un millón de euros.
A raíz del reconocimiento, el ministerio público mantiene los delitos por los que le acusa pero rebaja su petición de condena, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que atenúa la pena de dilación extraordinaria e indebida como muy cualificada, solicitando dos años de cárcel y ocho años y nueve meses de inhabilitación. La defensa se muestra a favor de esta modificación.
En el escrito del acusado este reconoce su «culpabilidad en cuanto a mi participación en los hechos» y pide perdón «por todos los errores cometidos» tanto los que relata como los que pueda haber olvidado por el «largo» tiempo transcurrido. «Si volviera a estar en mi mano, no volvería a hacerlos», ha dicho, aunque entiende que hay «alguna injusticia en enjuiciar unos hechos acaecidos hace 20 años a la luz de la conciencia actual, que entonces no existía».
«Aquel modus operandi era, entonces, moneda corriente en la práctica totalidad de la administración española, sin que ello pretenda ser un alegato exculpatorio», señala el acusado, quien en dicho documento admite que era «conocedor en todo momento de la existencia de lo que la Fiscalía ha dado en denominar Caja B y que yo he concebido siempre como ‘aportaciones voluntarias'».
Al respecto, indica que entendía que eran «algo así como unos ingresos extraordinarios procedentes de promotores, inmobiliarias, proveedores municipales, fondos que se utilizaban para pago de nóminas y nutrir las partidas para gastos corrientes del Ayuntamiento»; así como también para financiar conciertos, eventos culturales, patrocinios y aportaciones a asociaciones o entidades.
Pero, ha desmentido algunas de las imputaciones, de forma que niega su participación en la negociación de convenios urbanísticos. «Nunca he impartido ninguna directriz, ni directa ni indirectamente, para influir en ningún técnico al tiempo de realizar las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos», asegura Crespo de Luca en el escrito presentado.
APORTACIONES
Sí reconoce haber «participado y respaldado la existencia de esas aportaciones voluntarias, por lo que soy corresponsable en lo que estas prácticas tengan de ilicitud e ilegalidad, por más que todos sepamos que se trataba de una práctica en absoluto insólita en aquella época, por no decir más que habitual en un gran número de municipios de España, por no decir en su totalidad».
El acusado admite, asimismo, que «como máximo responsable de mi grupo municipal, sí me he visto favorecido en alguna ocasión con alguna recompensa por haber apoyado la aprobación de tal o cual convenio», precisando que dos entidades le gratificaron por el apoyo a la aprobación de sus respectivos convenios.
Sobre los contratos y concesiones administrativas realizados desde la Delegación municipal de Servicios, «asumo toda la responsabilidad en cuanto a que no se cumpliera con el procedimiento legalmente establecido», señala, pero añade que «no fue en ningún caso para obtener ninguna recompensa por ello, ni para favorecer los intereses de ningún empresario».
En este punto, dice que la razón fue «la competencia suicida» entre los socios de gobierno, «empeñados los unos en obstaculizar las gestiones y los logros de los otros». Para Crespo de Luca, el Grupo municipal Socialista «se dedicó sistemáticamente» a esto con el PES y «no quedó otro remedio que desarrollar proyectos a espaldas del área de influencia de Alcaldía, aunque eso pudiera llevar quebrantar abiertamente las normas administrativas de procedimiento».
En cuanto a la supuesta financiación irregular del PES, dice que el que se encargaba de esto era el también edil y procesado en ‘Astapa’ Manuel Reina, quien ya llegó a un acuerdo de conformidad con el fiscal tras admitir hechos; aunque precisa que todos, «comenzando por mí, estaban comisionados y autorizados para recibir cualquier contribución», por tanto «reconozco mi corresponsabilidad», añade.
Por contra, dice: «no he tenido incrementos patrimoniales injustificados. Todo lo que tenía en aquel momento, ya lo tenía antes de entrar en la política», lo que en su opinión ya acreditó con un
informe económico.
Con base en este reconocimiento, el fiscal considera en su escrito presentado conjuntamente con la defensa que Crespo «no intervino directamente en procesos de negociación o preparación de los convenios de planeamiento y de monetización de aprovechamientos urbanísticos», pero entre 2003 y 2007 los respaldó y «contribuyó así de forma esencial a la generación de una fuente extraordinaria de ingresos, nutrida de aportaciones de promotores, inmobiliarias y proveedores municipales».
Estos fondos se destinaron «tanto a gastos corrientes como a la financiación de conciertos, eventos culturales, patrocinios y entidades deportivas o sociales de Estepona; sorteándose de forma sistemática los mecanismos legales de control y fiscalización de los ingresos y gastos municipales», precisa la Fiscalía.
Como resultado de esos convenios, «pero siempre con posterioridad a la adopción de los acuerdos», el acusado «aceptó contribuciones empresariales para financiar la campaña electoral del PES» y también «percibió por tal motivo los regalos puntuales» de dos entidades, según recoge el nuevo escrito de acusación.
El fiscal precisa que al no tener antecedentes penales y teniendo en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, informará a favor de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la posible responsabilidad personal subsidiaria.
