El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento y ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el portavoz municipal del grupo VOX, Manuel Aguilar, contra el acuerdo que tuvo que aprobar el Pleno del Ayuntamiento de Estepona para implantar la tasa de basura impuesta por el Gobierno central. Asimismo, le condena al pago de las costas procesales.
De esta manera, la ordenanza municipal que regula el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos se adaptó a la Ley 7/2022 del Gobierno central, que obliga a que sean los contribuyentes los que asuman íntegramente el pago por la recogida, el depósito y la posterior incineración de residuos en las plantas de tratamiento.
Se ha evidenciado que el Ayuntamiento de Estepona ha actuado desde la responsabilidad institucional, ya que la aplicación de esta tasa no responde a una decisión política municipal, sino al cumplimiento de una obligación establecida por el Gobierno central.
Por tanto, la resolución judicial desmonta la estrategia de confrontación del grupo municipal VOX sobre una medida que el Ayuntamiento estaba obligado a aplicar en virtud de la legislación estatal y confirma que el Consistorio actuó conforme a Derecho.
El equipo de gobierno municipal subraya que, desde el primer momento, explicó que este «tasazo» no era una decisión política del Ayuntamiento, sino una imposición derivada de la normativa aprobada por el Ejecutivo central, que obliga a todos los municipios españoles a repercutir el coste efectivo del servicio de recogida y tratamiento de residuos.
Asimismo, recuerda que desde el Ayuntamiento de Estepona ha aprobado un conjunto de rebajas fiscales para ayudar a las familias. En concreto, se aplica una reducción del 3% del recibo para aquellos que lo tengan domiciliado y realicen su pago dentro del periodo voluntario. Además, se ha incluido una medida pionera con otra reducción del 3% para quienes reciclen en el punto limpio, un mínimo de tres veces al año. Además, el Ayuntamiento destina 150.000 euros anuales a bonificar esta tasa de basura a los vecinos que se encuentran en situaciones vulnerables, desempleados de larga duración o jubilados.
Con todo, el Ayuntamiento de Estepona continuará actuando con responsabilidad, rigor y respeto a la legalidad, defendiendo los intereses de los vecinos y garantizando la correcta prestación de los servicios públicos municipales, al tiempo que seguirá reclamando al Gobierno central, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una financiación local más justa y medidas que no supongan una mayor carga económica para los ciudadanos.
