El macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística llega este lunes a su recta final por unos hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace veinte años, después de que el Tribunal dé la última palabra a los 37 procesados, entre ellos el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que juzga el caso ‘Astapa, sobre la supuesta corrupción política y urbanística Estepona, ha fijado para este lunes, día 29 de julio, la sesión del juicio en el que los acusados ejercerán su derecho a la última palabra.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala precisa que son cinco los procesados en esta causa que ya han manifestado su renuncia expresamente a ejercer dicho derecho. Una vez los acusados expongan sus últimas palabras en la vista oral, el juicio quedará visto para sentencia.
Este caso se inició en 2007 y 16 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio ha estado dividido en diez bloques en los que se han analizado cuestiones como supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados.
A finales de mayo, terminó la fase de prueba del juicio y en junio comenzó la de conclusiones definitivas y exposición de informes finales de la Fiscalía, que ha mantenido la acusación para 37 procesados; y de defensas, que han pedido la absolución de los procesados. Este trámite se ha prolongado todo el mes de julio.
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
El ministerio fiscal acusa a Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación; de cohecho y de prevaricación, pero de diez años y nueve meses de prisión que solicitaba para este se ha rebajado la petición a dos años de cárcel. Asimismo, de un millón de euros de multa se ha pasado a solicitar 40.000 euros.
Además, la acusación pública retiró toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y por «no haber más perjudicados» en este caso. También pidió la absolución de nueve personas y la rebaja de las multas.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003-2008, que los procesados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
Así, ha venido manteniendo la supuesta existencia de «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
En su escrito definitivo mantuvo el relato inicial, aunque matizó respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio «no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio» o que «no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
Añadió que no se han probado determinados regalos o promesas económicas y precisa que al haberse anulado las escuchas telefónicas, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas de los acusados, no se han podido acreditar en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.
También introdujo la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento «habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros», pero debido a su caducidad y «la ausencia de actos de reactivación» habían prescrito.
Las defensas, por contra, han cuestionado la investigación, que han tachado de «irregular». En este sentido, las letradas del exalcalde han sostenido que la causa se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.
