Durante la madrugada del pasado 23 de enero, tuvo lugar un suceso en Estepona que está generando toda una controversia. Se trata de la muerte de Juan Antonio Hans Checa, un empresario de Sevilla que falleció en el Hotel Ona Valle Romano de la localidad. La víctima, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este medio, podría encontrarse bajo los “efectos de un episodio psicótico provocado por el consumo de sustancias”.
Los hechos comenzaron sobre las 18:00 horas en el Bar Peña, un popular local de Estepona. Al parecer, según el relato de testigos de los hechos, el hombre comenzó a realizar comportamientos extraños y a expresar pensamientos “paranoicos”). Se acercó a algunos clientes del bar aunque “no presentaba conductas violentas”.
Desde el local se dio aviso a la Policía, que se personificó en el lugar para atender al individuo, que se sospecha que podría estar “bajo efectos de alcohol y otras drogas”. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para ofrecerle servicio, pero “el individuo se negó a ello”). Finalmente, los agentes lograron tranquilizarlo y lo trasladaron hasta el hotel donde se estaba hospedando).
El siguiente episodio se desarrolla ya en Ona Valle Romano. Según testigos, el individuo, que parecía continuar bajo efectos psicóticos, repitió el mismo comportamiento. Fue sobre las 21:30 horas cuando las fuerzas del orden volvieron a recibir una llamada por la actitud del empresario. En esta ocasión, de los trabajadores de la cadena hotelera.
Varios agentes se trasladaron y, debido al estado “alterado” del individuo, utilizaron “la mínima fuerza imprescindible para reducirlo”). Según fuentes policiales, el hombre entró “en parada respiratoria”. Los agentes comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador. Los Equipos Sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.
La controversia se genera cuando el abogado Luis Romero, en representación de la familia del fallecido, solicita a la Guardia Civil la apertura de una investigación para aclarar la intervención de los efectivos. Según declara el abogado, “la Policía Nacional decidió actuar por su cuenta empleando la fuerza” y alega que “no se avisó antes a personal facultativo especializado como psicólogos o un médico psiquiatra”.
El letrado también denuncia que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga impidió a los familiares ver e identificar el cadáver, argumentando los forenses, supuestamente, que ya estaba reconocido y que debía autorizarlo el juez instructor, a pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona informó de que “no se necesitaban sus permisos”.
Por su parte, la Policía Nacional ha defendido la actuación de sus agentes, afirmando que se siguieron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Según fuentes policiales, se empleó la mínima fuerza necesaria para reducir al individuo, quien presentaba un estado de alteración significativo y que había rechazado asistencia médica anteriormente.
