La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal que introducía inmigrantes magrebíes en situación irregular en el país para, posteriormente, explotarlos laboralmente en obradores clandestinos de repostería. Los agentes han detenido a cuatro personas por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública. Con colaboración de la Inspección de Sanidad municipal, los investigadores han desmantelado unos obradores que carecían de licencia y que, además, funcionaban en unas condiciones insalubres.
La llamada operación “Baklava” comenzó en el año 2024 tras detectarse una trama que favorecía la inmigración ilegal de súbditos marroquíes. Agentes adscritos a las Unidades contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales -UCRIF-, tanto a nivel provincial como central, descubrieron cómo la organización empleaba tres métodos para introducir a inmigrantes en situación irregular en España. Así, en unas ocasiones, la red obtenía visados de manera fraudulenta, a través de la presentación de documentación laboral falsificada -ante las oficinas consulares-; otras veces, suplantaba la identidad de extranjeros residentes legalmente en territorio español, proporcionando a los migrantes pasaportes y permisos de residencia a nombre de terceros con el fin de burlar los controles fronterizos; y en una tercera alternativa, mediante el transporte de migrantes en pateras desde las costas de Marruecos hasta las españolas, poniendo en grave riesgo la vida de las personas.
Además de las actividades delincuenciales relacionadas con la inmigración ilegal, la organización estaba profundamente involucrada en la elaboración y distribución clandestina de productos alimenticios.
En los domicilios de los detenidos, ubicados en la zona centro de la capital malagueña, se descubrieron obradores ilegales de repostería dedicados a la fabricación de dulces tradicionales marroquíes, los cuales se elaboraban sin contar con licencia sanitaria ni las autorizaciones correspondientes para operar de manera legal.
Estos obradores funcionaban en condiciones insalubres y precarias, sin ningún tipo de control sanitario, lo que no solo violaba la normativa sanitaria, sino que representaba un riesgo inminente para la salud pública.
La actividad clandestina implicaba, además, explotación laboral, ya que los trabajadores, en su mayoría personas en situación irregular, se veían sometidos a condiciones de trabajo sin garantías legales, sin acceso a protección sanitaria y con salarios injustos. Esta situación aumentaba también la probabilidad de contaminación y fallos en la higiene durante la producción, almacenamiento y distribución de los productos, debido a la falta de protocolos adecuados. El uso de utensilios sucios, el almacenamiento inapropiado y la exposición a plagas de insectos y roedores incrementaban el riesgo de intoxicaciones alimentarias.
Destrucción de la mercancía hallada en los obradores
En el transcurso de las diligencias practicadas, se contó con la colaboración de la Inspección de Sanidad del Ayuntamiento de Málaga, que levantó acta sobre las deficiencias halladas, que incluían la falta de higiene en equipos, utensilios y el local, así como la ausencia de registros sanitarios y documentación legal. Como resultado, se destruyó un gran volumen de productos elaborados en estos obradores ilegales, con el fin de proteger la salud de los consumidores y evitar posibles brotes de enfermedades.
En cuanto al beneficio económico derivado de las actividades ilícitas, y durante la fase de explotación, afloraron un total de 45.000 euros que habrían sido desviados hacia Marruecos.
