La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por un delito de estafa tras vender una vivienda mediante un contrato privado en 1996 sin elevarlo a escritura pública. A pesar de una sentencia de 2009 que le obligaba a formalizar la compraventa, el acusado se negó a ejecutarla. En 2022, sin ser el legítimo propietario, cedió la vivienda a su hija con la intención de desahuciar al marido y la hija de la compradora, quien había fallecido en 2014.
Como consecuencia, el tribunal ha dictado una pena de un año de prisión para el acusado, además de anular la donación realizada en 2022 y ordenar el cumplimiento de la sentencia previa para legalizar la venta original. Sin embargo, se ha acordado suspender la pena de cárcel durante dos años, siempre que el condenado no reincida y cumpla con sus obligaciones civiles en un plazo de un año.
La sentencia se dictó tras la conformidad del acusado, su defensa, el fiscal y la acusación particular, quienes aceptaron la calificación definitiva de los hechos. Con esta resolución, la justicia pone fin a una disputa de décadas en la que el procesado intentó beneficiarse ilegalmente de la propiedad.
