Agentes de la Policía Nacional en una operación llevada a cabo en el municipio malagueño de Almargen ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación laboral de migrantes y ha detenido a siete personas.
En concreto, el entramado explotaba a mujeres de origen nicaragüense en el sector del cuidado de personas mayores. Asimismo, en otra operación desmantelada llevada a cabo en Alar del Rey (Palencia) presuntamente se abusaba laboralmente de migrantes varones de origen marroquí en un obrador de pan.
Entre ambas operaciones hay un total de once detenidos, dos han ingresado en prisión provisional, dos víctimas han sido liberadas y once identificadas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Así, en el caso de la provincia de Málaga, una información recibida el pasado mes de octubre en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, ponía a los agentes tras la pista de una red de explotación laboral asentada en la localidad de Almargen (Málaga).
Los investigadores, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de Interpol, pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.
Entre los detenidos está la principal investigada, cuyo papel dentro de la organización era ser «el gancho» y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua hacia un futuro mejor.
Al parecer, ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio. La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era bien distinto, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social.
Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Aquí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en nuestro país.
Asimismo, los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad de Almargen (Málaga), propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Allí permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.
Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
Tras la investigación, se ha llevado a cabo un operativo policial con el objetivo de desarticular el entramado, en el que se han realizado dos entradas y registros en la localidad malagueña y se han practicado siete detenciones.
Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025 la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez en número de víctimas a la trata con motivación sexual, alcanzando las 390 y 374 respectivamente.
Dentro del ámbito laboral cabe distinguir que, durante ese periodo de tiempo, por parte de Policía Nacional se liberó a 67 víctimas de trata laboral y a 470 personas como víctimas de explotación laboral.
Según el mismo Centro, en ese mismo año por parte de la Policía Nacional, en relación a la trata y a la explotación laboral, se detuvo a un total de 265 personas como presuntos autores de esas modalidades delictivas –60 por trata laboral y 205 por explotación laboral–.
En el mismo año, las unidades Ucrif, según datos de la Fiscalía, judicializaron un total de 118 investigaciones por trata, de las cuales 24 fueron específicas por trata laboral.
Esos mimos datos, teniendo en cuenta las diversas finalidades de la trata de seres humanos, indican que en los últimos años la proporción de víctimas hombres aumenta significativamente frente a la de mujeres, si bien éstas continúan representando en torno al 60% de las víctimas de trata.
Las Ucrif, unidades de Policía Nacional especializadas en la lucha contra la trata de seres humanos, cumplen 25 años trabajando en su prevención e investigación y poniendo todo su esfuerzo en detectar a las víctimas invisibles de este delito.
Por último, han recordado que la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
