La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha recalcado este lunes el objetivo del Gobierno andaluz de que se construyan 20.000 viviendas protegidas en la comunidad.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Díaz ha manifestado que hay que construir más y para eso hace falta más suelo disponible, y también hay que poner «el foco en la rehabilitación».
Ha señalado que a esto «no le hace ningún favor» la Ley de Vivienda del Gobierno de España, «que no fue consensuada con las comunidades autónomas» y «no ha tenido ningún tipo de apoyo para sacarla adelante». Ha indicado que en Andalucía se ha «multiplicado por cuatro la construcción de vivienda protegida» desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta.
«Y eso ahora mismo lo que nos hace es alentarnos a continuar por ese camino y a seguir reduciendo burocracia, a poner más suelo disponible para construir vivienda protegida y a cambiar una serie de cosas para seguir construyendo vivienda protegida», ha indicado la consejera, insistiendo en que hay que «redoblar todos los esfuerzos para sacar adelante más vivienda protegida y para poder rehabilitar mucho más».
Ha insistido en el objetivo 20.000 nuevas viviendas protegidas a precio asequible, pero también se apostará por aumentar la oferta a través de la rehabilitación de 22.000 inmuebles.
Rocío Díaz ha manifestado que la «principal fórmula» para impulsar la construcción de viviendas es la colaboración público-privada con promotores tanto públicos como privados. Ha apuntado que los promotores públicos son los ayuntamientos y los promotores privados son necesarios porque tienen que «ver atractivo construir vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma».
En cuanto al plan estatal de vivienda, ha señalado que el objetivo que tiene es construir 64.300 viviendas protegidas en toda España, lo que es «insuficiente». Ha manifestado que este plan «se queda corto» y «llega tarde, porque debería estar desde el 1 de enero del 2026 y hemos recibido ahora esa primera transferencia, pero el convenio de colaboración no está previsto que se firme con las comunidades autónomas hasta el próximo mes de septiembre».
«No podemos estar esperando a firmar ese convenio de colaboración con el ministerio en el mes de septiembre, cuando hemos perdido unos meses maravillosos y necesarios para poder impulsar vivienda», ha indicado Rocío Díaz, quien ha recordado que el plan estatal se cofinancia entre Andalucía y el Gobierno de España.
Ha señalado que Andalucía «ha multiplicado por algo más de seis su aportación» y el Gobierno central «ha multiplicado por algo más de dos la financiación del plan estatal», lo que es «insuficiente, porque los andaluces necesitamos una mayor financiación en materia de vivienda».
Además, según ha indicado la consejera, el plan «impone 18 programas sin margen para aportar nosotros desde Andalucía las políticas que creemos necesarias, porque Andalucía no es lo mismo que otras comunidades autónomas».
Ha manifestado que, ante esta situación, la Junta ha iniciado negociaciones con el Gobierno de España, «no para paralizar el plan», pero sí para poner sobre la mesa las políticas que se tratan de «imponer a Andalucía» y con las que no se está de acuerdo.
«No vamos a renunciar porque no podemos renunciar y porque Andalucía está cofinanciando el plan estatal», ha señalado la consejera, quien ha agregado que el «plan impone un control político estatal sobre la comunicación institucional».
Díaz ha explicado que si no se va a «visitar una promoción de vivienda que esté en obra, es posible, según el plan, que el gobierno retire los fondos»: «Estamos en una situación con la vivienda que no podemos permitirnos el lujo de estar en esas pequeñeces».
En cuanto a qué supondrá, en materia de vivienda, el término «prioridad nacional» que se ha incorporado en el acuerdo de gobierno andaluz entre PP-A y Vox, ha manifestado que los requisitos para acceder a una vivienda protegida están «muy claros» en Andalucía, como es estar inscrito en el registro de demandante de vivienda del municipio donde se esté empadronado, que es competencia de los ayuntamientos, que son los que hacen el sorteo y ven si cada demandante cumple los requisitos de la promoción en concreto.
