Alcaldes de los municipios costeros de la Costa del Sol Occidental y representantes de instituciones públicas de la provincia de Cádiz han mantenido hoy una reunión en Marbella para abordar de forma conjunta el “gravísimo problema” que supone la proliferación del alga invasora en el litoral andaluz. En el encuentro, donde los responsables locales y de organismos mancomunados han expuesto la situación que sufre cada uno de sus municipios, han exigido al Gobierno central que actúe con urgencia y asuma sus responsabilidades ante una emergencia ecológica y económica.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha destacado que “los consistorios no pueden seguir soportando en solitario las consecuencias de esta catástrofe ambiental, que se agrava cada año y que transforma nuestras playas en cuestión de horas”. Ha explicado que el problema, detectado por primera vez en Cádiz en 2015, se ha extendido progresivamente a Málaga, multiplicando las toneladas de algas retiradas.
Muñoz ha reclamado una hoja de ruta y apoyo económico estatal. “No tenemos respaldo científico ni técnico del Ministerio de Transición Ecológica, ni una sola partida presupuestaria y el esfuerzo que realizan los municipios, con operarios, maquinaria y traslados a vertederos, es inasumible”, ha señalado. “Exigimos soluciones reales y concretas para un problema que afecta a la imagen turística, a la biodiversidad y al sector pesquero”, ha señalado la primera edil, quien ha apuntado que “solo en Marbella, en los primeros seis meses de este año, hemos recogido ya 4.500 toneladas, frente a las 2.500 de todo 2024, una cifra que se eleva hasta las 10.530 toneladas desde 2019, cuya retirada y tratamiento ha supuesto un coste para el Ayuntamiento de más de 1,2 millones de euros”, ha precisado.
“Vamos a trabajar de manera unida para exigirles soluciones al ministerio, y también lo haremos en nuestros propios ayuntamientos para tener el respaldo unánime de todos los grupos políticos, además de seguir insistiendo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”, ha indicado Muñoz, quien ha lamentado “la callada por respuesta” del Gobierno de la Nación “a todas y cada una de nuestras peticiones para afrontar esta problemática”.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Estepona, José María García Urbano, quien ha recalcado que la administración central “no puede mirar para otro lado; esto no es un problema de los ayuntamientos, sino de todos”. Ha recordado que la FEMP ya aprobó por unanimidad una moción instando al Ejecutivo a actuar, y ha reclamado estudios ambientales y técnicos que permitan abordar la situación con rigor. Por su parte, su homóloga en Fuengirola, Ana Mula, ha añadido que, aunque su municipio se encuentra menos afectado por el momento, “la tendencia es claramente al alza” y ha subrayado que “los recursos que destinamos a combatir el alga los restamos de otros servicios públicos”.
La regidora de Mijas, Ana Carmen Mata, por otro lado, ha advertido del impacto ambiental de la plaga sobre la biodiversidad marina y ha señalado que “en nuestro municipio y en Nerja tenemos bosques sumergidos de posidonia que están siendo invadidos por estas algas, poniendo en peligro ecosistemas protegidos”.
En este sentido la delegada de Desarrollo Sostenible del Consistorio de Cádiz, Ana María Sanjuán, ha incidido en los efectos devastadores que la alga tiene en algunas de sus playas como La Caleta, ya que “se adhiere al sistema rocoso y destruye la biodiversidad autóctona, afectando incluso a sectores como la pesca, la biotecnología y la economía azul, motores clave de empleo y desarrollo”.
En el encuentro, donde también han participado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña; y los concejales del ramo de Torremolinos y Algerias, Francisco Cardán y Ángel Martínez, respectivamente, este último, representante también del ente supramunicipal del Campo de Gibraltar, los responsables públicos han acordado mantener el contacto de forma permanente, impulsar mociones en sus respectivos plenos y canalizar sus demandas a través de la FEMP, reclamando al Ejecutivo central estudios científicos, un plan de acción coordinado y compensaciones económicas por los gastos ya asumidos.
