La Diputación de Málaga ha aprobado la normativa reguladora para el pago de la concesión de ayudas del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de este año, que alcanzarán los 10,5 millones de euros. Esta cantidad (de la que 7,1 millones provienen de fondos de la Junta de Andalucía) se destinará a financiar los gastos originados por la adquisición de los materiales empleados en los proyectos de obras y servicios que lleven a cabo las entidades locales de la provincia.
En total, la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado 286 actuaciones del PFEA en municipios de la provincia, por un importe global de 21,1 millones de euros, en el ámbito de los programas de garantía de rentas y generadores de empleo estable.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado que este programa, cuya normativa para este año se aprobó en el pleno de ayer, permite financiar obras y servicios de interés general con el fin, por un lado, de propiciar la contratación por las corporaciones locales de trabajadores desempleados preferentemente eventuales agrarios; y, por otro, con el propósito de crear y mejorar infraestructuras básicas para proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
Salado ha explicado que, además de la redacción de un centenar de proyectos solicitados por los ayuntamientos, la Diputación lleva a cabo también la coordinación y gestión del PFEA en los municipios malagueños, asumiendo la aprobación de las actuaciones encaminadas al abono del coste de los materiales de cada una de ellas.
Por ello, anualmente se aprueba una normativa que regula las condiciones para poder realizar de forma ágil la transferencia de las cantidades para materiales. Este año, el importe global que se distribuirá para este concepto es de 10.569.473,80 euros, de los que 7.134.394,82 euros provienen de la Junta de Andalucía y 3.435.078,98 euros de recursos propios de la Diputación de Málaga.
La normativa aprobada hoy permite comenzar a abonar el 60% del coste de los materiales de aquellas actuaciones que presenten antes del 31 de diciembre la solicitud de subvención y la resolución favorable del SEPE. El 40% restante se abonará en 2027 tras la presentación del resto de la documentación que se establece en la propia normativa junto con el proyecto a ejecutar, documentación que igualmente habrá de estar presentada a fecha 31 de diciembre.
“Así, los ayuntamientos reciben el dinero con anterioridad o muy próximos al comienzo de la ejecución de las actuaciones, lo que supone un alivio para los municipios con menor capacidad económica”, ha indicado Francisco Salado.
El plazo de ejecución de las actuaciones es hasta el 30 de septiembre de 2027 y el de justificación, hasta el 30 de noviembre de 2027.
