La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga la matriz de una compleja trama criminal a la que se atribuye el expolio millonario a la masa activa de un potente conglomerado empresarial del sector de la construcción declarado en concurso de acreedores. Se trata de la segunda fase de la operación ‘DRAVE’, cuyos resultados de la primera fase ya se dieron a conocer por la Comisaría Provincial, y que arroja, en esta ocasión, una decena de nuevos arrestos y amplia el saqueo de 100 millones iniciales hasta los 160 en bienes pertenecientes a la masa activa de las empresas concursadas. Entre los ahora arrestados hay varias personas allegadas a los fundadores de las concursadas, las cuales, a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, habrían promovido con actos previos y paralelos al concurso un cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos, tendentes a obtener un ingente beneficio económico en detrimento del patrimonio afectado. El despojo ha provocado un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro. Cabe recordar que en una primera fase de la investigación ya fueron detenidas otras siete personas, incluidos el ex director financiero del grupo empresarial y el administrador concursal designado por un Juzgado de lo Mercantil, y resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos.
La operación DRAVE II ha conllevado ahora una decena de detenidos por presunta implicación en delitos de frustración de la ejecución -acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial-, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas que han resultado investigadas en esta segunda fase, incluidos el administrador concursal -este fue detenido en la primera fase- y un auxiliar delegado de la administración de una de las dos compañías concursadas, ambos inmersos en diligencias policiales en sendas etapas.
En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado ahora activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.
La investigación, realizada por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga, con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda, y en el ámbito de diligencias previas instruidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 3 de Málaga, comenzó en el año 2023 contra la red investigada, a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial.
El embrión del expolio
Las nuevas actuaciones de la operación DRAVE II han permitido deslindar un entramado delictivo distinto y autónomo que operó de forma paralela y que se habría valido de la alianza estratégica con la administración concursal como vehículo necesario para obtener activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas, todo ello en beneficio de los impulsores de la trama, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial. Esta colaboración ilícita habría permitido el control y la manipulación de los activos desde dentro de los procedimientos concursales, sentando las bases de una operativa de vaciamiento patrimonial ilícito.
La investigación puso de manifiesto un plan delictivo ejecutado de manera sistemática en dos etapas temporales. En una fase previa al concurso, se acreditaron operaciones de vaciamiento patrimonial por un valor superior a los 28 millones de euros. Entre las acciones ilegítimas detectadas destacaban la simulación de contratos de prestación de servicios, treta utilizada para eludir embargos inminentes de la Hacienda Pública-; transferencias de capitales con destino a empresas de los investigados; y la venta fraudulenta de activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal, en beneficio de los sospechosos, quienes aprovechaban ilícitamente las ganancias recibidas por las concursadas para pagar sus propias deudas personales.
Posteriormente, en el marco de la fase de liquidación concursal, se constató la continuidad de la actividad delictiva desplegada por el entramado criminal, mediante la ejecución de continuas operaciones de descapitalización cuyo perjuicio económico se estimó en más 30 millones de euros adicionales. Para la consecución de dicho fin, los investigados articularon un procedimiento basado en la adquisición de inmuebles y carteras de créditos a través de la adulteración sistemática de subastas públicas, así como mediante la realización de ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas.
En este sentido, la utilización de subastas públicas adulteradas y la firma de ventas directas sin publicidad y con cláusulas de reversión, en favor de allegados de los fundadores, conllevaron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas. Esto privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente a precio de mercado, recursos que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública.
Según la investigación, tales operaciones delictivas fueron realizadas con la imprescindible connivencia de las administraciones concursales, cuyos integrantes ocultaron la descapitalización preconcursal, avalaron las operaciones propuestas por los investigados en perjuicio de las masas concursadas, participaron en la planificación de estas transacciones contrarias a los intereses de los concursos, obstruyeron la adquisición de estos derechos de cobro por terceros interesados minorando el dinero recuperado durante la liquidación de estos activos, y suprimieron información de sus informes con objeto de ocultar las transmisiones fraudulentas, impidiendo el control de los acreedores perjudicados y evitando alegaciones que expusieran las conductas ilícitas desarrolladas.
Para perpetrar las operativas fraudulentas, la organización habría contado con una red de testaferros y sociedades interpuestas con funciones específicas, al fin de incrementar y conservar ilícitamente el patrimonio en beneficio de los investigados.
En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, la expoliación a las concursadas asciende a los 160 millones de euros en bienes de la masa activa. Un saqueo que es incluso mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones. De las diligencias practicadas se desprende que los procedimientos concursales no constituyeron un mecanismo genuino de insolvencia para la protección de la masa activa o el resarcimiento ordenado de sus deudas. Por el contrario, dichos procesos fueron instrumentalizados como un mero subterfugio legal coordinado desde el interior con la connivencia de la administración concursal.
Coalición con el administrador concursal y el ex director contable
Cabe recordar que en la primera fase de la operación se detectaron numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal, actuando contra los intereses legítimos de las numerosas empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del precio de mercado; dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización; e imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo.
También quedó demostrada, a juicio de los investigadores, la acción conjunta y connivente con el ex director financiero del grupo empresarial, el cual partía con información privilegiada sobre los activos de gran valor propiedad de las empresas concursadas, aprovechando su situación para dirigir los bienes más preciados hacia empresas gestionadas por la organización criminal.
En este sentido, la Policía Nacional pudo constatar en aquella primera fase numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización, por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de “facturas”, que en la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros. Dicho de otra manera, los activos del entramado fueron pagados por las propias concursadas lo que supuso un doble perjuicio a los legítimos acreedores.
La primera etapa se saldaba con siete detenidos, otros cuatro investigados, cuatro registros, la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones.
Plataforma de afectados
Por último, cabe reseñar que, en relación con el concurso de acreedores declarado por las empresas del conglomerado empresarial, afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.
