La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha dotado al Registro Civil de Torremolinos de una nueva sede, gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de la localidad, en virtud del cual ese servicio se ubica ahora en instalaciones municipales, lo que supone un ahorro de más de 73.000 euros anuales para la Junta. La viceconsejera, Ana Corredera, ha visitado junto a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y la delegada territorial de Justicia en Málaga, Teresa Pardo, las nuevas dependencias, que ya están en funcionamiento desde el pasado mes de mayo.
La nueva sede se ubica en la planta baja del edificio principal del Ayuntamiento, en la Plaza Blas Infante número 1, y sustituye a las oficinas situadas en Avenida Palma de Mallorca. “Este traslado responde a un objetivo doble, ya que además de mejorar la eficiencia del servicio y la atención que se le presta al ciudadano, permite reducir el gasto público en alquileres”, ha explicado Corredera.
Gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, el Consistorio ha cedido un espacio que ha permitido el traslado de un local alquilado, cuyo coste anual superaba los 82.700 euros, a contar con unas instalaciones en las propias dependencias municipales con un canon de solo 24.000 euros anuales. Además, la limpieza, el agua, la electricidad y la seguridad están incluidas en ese importe, lo que supone un ahorro adicional de más de 14.600 euros anuales.
“El cambio ha permitido racionalizar recursos sin afectar al servicio”, ha destacado Corredera, quien ha agradecido “la colaboración e implicación del Ayuntamiento y su alcaldesa para poder prestar un servicio de calidad, con menor coste de las arcas públicas de los andaluces, mientras seguimos trabajando en el nuevo proyecto de sede judicial, que nos permita aglutinar todos los juzgados y el Registro Civil en un mismo edificio”.
El Registro Civil cuenta cinco funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia. Torremolinos es uno de los tres partidos judiciales que a partir del próximo 31 de octubre se transforma en tribunal de instancia, tal y como marcan los plazos establecidos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. “Estas instalaciones nos permiten prestar el servicio, completamente adaptados a la nueva estructura judicial”, ha explicado la viceconsejera, quien ha recordado que esta segunda fase de la Ley (la primera entró en vigor el 1 de julio en 70 partidos judiciales) entra también en vigor en la misma fecha en Fuengirola y Marbella. “En total, la puesta en marcha de los tribunales de instancia va a suponer una inversión de más de 57 millones de euros en Andalucía que va a afrontar sola la Junta de Andalucía, porque el Ministerio de Justicia no aporta ni un solo euro”, ha añadido.
Durante la visita, la viceconsejera ha destacado “el compromiso del Gobierno andaluz con una Justicia más cercana, eficiente y sostenible, tanto desde el punto de vista del servicio al ciudadano como del uso responsable de los recursos públicos”.
Por su parte, la alcaldesa ha valorado positivamente que el Registro Civil “se integre en un espacio céntrico, accesible y moderno, facilitando los trámites a los vecinos y potenciando el servicio público”. “Este acuerdo es un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones para prestar un servicio esencial para los ciudadanos como es este”.
