La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a la que era presidenta de la asociación protectora Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos, acusada de presuntamente quedarse con dinero del colectivo para uso privado, produciendo un supuesto perjuicio patrimonial que asciende a 274.331 euros. La Fiscalía pide cuatro años de prisión.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los estatutos de la asociación hablaban, entre otros objetivos, de fomentar el cariño y respeto por los animales y poner en funcionamiento las instalaciones adecuadas para acoger y cuidar a los animales abandonados en las calles o entregados por particulares; así como canalizar las ayudas que recibía.
En este sentido, la entonces presidenta, que asumió el cargo en 2008, desde que comenzó a ejercer su función supuestamente «utilizó fondos de la asociación para fines particulares», según el documento inicial del fiscal, en el que se precisa que ese dinero se destinó a conceptos como centros comerciales y gastos diversos de gimnasio, hoteles o viajes, entre otros.
Así, el escrito provisional de la acusación pública enumera operaciones realizadas entre 2008 y 2010 en las que la procesada supuestamente utilizó fondos procedentes de la asociación para uso particular, como los más de 100.000 euros para la reforma y decoración de una clínica de estética o gastos en establecimientos comerciales.
Asimismo, en la calificación fiscal también se detallan presuntos cargos a las cuentas de la entidad en concepto de hoteles de lujo en España y en otros países, paradores, una autoescuela, numerosos viajes en tren, restaurantes; así como disposiciones en efectivo por valor de unos 80.000 euros y libramiento de cheques.
También consta en las conclusiones del ministerio público, la acusada, «atribuyéndose falsamente una facultad de disposición», supuestamente subarrendó una caseta de feria adjudicada por el Ayuntamiento de Torremolinos a la asociación y, al parecer, de parte de los ingresos obtenidos por ello no hay constancia documental de su destino.
Para el fiscal, estos hechos se enmarcan en un delito continuado de apropiación indebida, del que acusa a la que era presidenta de Parque Animal, para la que pide una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión y que indemnice a la asociación con esa cantidad de 274.300 euros por los perjuicios supuestamente ocasionados.
El juicio está previsto para el próximo martes, día 21 de mayo, aunque no es la primera vez que esta mujer es juzgada en relación con la gestión de la asociación. La exdueña de dicha protectora entró en noviembre de 2017 en prisión para cumplir los tres años y nueve meses de cárcel impuestos por un juzgado –y confirmados luego por la Audiencia Provincial– por el sacrificio «masivo» de animales.
Se calcula que unos 2.183 perros y gatos fueron ejecutados por la presidenta o sus ayudantes, frecuentemente sin control veterinario.
