La preocupación por las 40 familias afectadas -127 vecinos en total- de El Clavario, en Torremolinos, ante la posibilidad de una suspensión de golpe de sus contratos de alquiler no cesa. Una compleja situación que ha llevado a un grupo de diputados del Partido Popular a presentar una pregunta formal al Gobierno central este miércoles en relación con dicha situación.
Ello se debe a que la Sareb -participada por el Estado- es la actual titular de los activos en en calle Rodrigo y calle Río Yeguas -en Torremolinos- que actualmente se encuentran en régimen de alquiler y que van a ser cedidos a un tercero, como parte de un proceso de ejecución hipotecaria. Esto supondrá que un total de 127 podrán ver suspendidos de golpe sus contratos de alquiler. Algo aún más complejo para algunos de ellos, ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad comprometida.
De hecho, según el informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Torremolinos, en total, hay tres familias que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos familias monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias familias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.
Por ello, el grupo integrado por Elías Bendodo, Sergio Sayas, María del Mar Vázquez, Mario Cortés, Cristóbal Garre, Gema Pérez, María Soledad Cruz-Guzmán, Isabel Borrego, Cristina Agüera, Miguel Ángel Sastre, Alberto Fabra, Carlos Gil, Celso Luis Delgado, Daniel Pérez, Silverio Argüelles, Juan Andrés Bayón, Cristina Moreno y Joan Mesquida -diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso- al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, han presentado la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Por un lado, el grupo busca conocer las medidas que va a adoptar el Gobierno central de cara a proteger a estos vecinos «para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero». Y, por otro, si el Gobierno central «puede revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero» antes del 22 de abril -fecha prevista para materializar el acuerdo-.
