Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Málaga, han detenido en la localidad de Torremolinos al responsable de un supermercado mayorista en el municipio por supuesta explotación laboral de migrantes en situación irregular en el país. El arrestado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para someterlas a jornadas abusivas, a cambio de un sueldo que ni siquiera alcanzaba el salario mínimo interprofesional. Sin contrato y sujetos a multas por faltar al puesto de trabajo, incluso enfermos, los perjudicados vivían, además, en condiciones indignas en las oficinas de la propia nave industrial en la que eran explotados.
La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental -UCRIF- de la Comisaría de Policía Nacional en Torremolinos, se inició el pasado mes de octubre a partir de unas informaciones que apuntaban cómo en un establecimiento dedicado a la venta de productos de alimentación, bebidas y droguerías, así como de reparto a domicilio, se explotaría laboralmente a migrantes sudamericanos en situación irregular.
Las diligencias de investigación condujeron al establecimiento en cuestión, que ya había sido objeto de inspección en 2023 por mismos motivos y con resultado positivo -en aquel momento se localizaron a cuatro trabajadores sin permiso de trabajo y en situación irregular-.
En la actualidad, con esta nueva operación, los agentes identificaban a una plantilla de 12 empleados, de los cuales la mitad estaba en situación irregular en el país. Supuestamente el empresario del establecimiento, de 63 años, se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad para explotarlos laboralmente.
70 horas de trabajo a la semana
Entre las conclusiones a las que llegaron los investigadores destaca que, las víctimas eran sometidas a jornadas abusivas, alcanzando en algunos casos las 70 horas semanales -muy lejanas a las 40 horas máximas permitidas en España-.
Continuando con las pesquisas, el concepto de hora extra directamente no existía para estos trabajadores, que tampoco disfrutaban de modo reglado de vacaciones y días festivos. En cuanto al sueldo que percibían, los empleados irregulares apenas ganaban unos 900 euros al mes, una remuneración que no alcanza el salario mínimo interprofesional, y de la que el empresario restaba 250 euros mensuales por el alquiler de una oficina, en la propia nave industrial en la que trabajaban, donde “vivían” varios de los afectados.
Un “domicilio” indigno y sin intimidad
Con colchones en el suelo y sábanas que servían a modo de separador de estancias, las víctimas compartían un improvisado “domicilio” sin las condiciones mínimas de salubridad e intimidad.
Tampoco la jornada de trabajo era mejor, pues las víctimas desarrollaban sus cometidos sin estar provistos del material óptimo de seguridad. Así, se constataba que algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin formación para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco.
Controlados por las cámaras de video-vigilancia, el empresario castigaba a las víctimas con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de lo que estimaba oportuno, o por demorarse unos minutos a la entrada de la jornada laboral.
Finalmente, una vez recabada toda la información al respecto, agentes de la UCRIF de Torremolinos-Benalmádena detuvieron al investigado por un delito contra el derecho de los trabajadores. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.
