Un centenar de empleados públicos procedentes de distintas administraciones de la provincia participan hoy en la jornada ‘De las cláusulas sociales a los contratos de impacto social’ celebrada en La Noria, un encuentro formativo que pone el foco en el papel transformador de la contratación pública responsable.
Esta jornada se enmarca en el desarrollo del proyecto MAIS–Málaga Impacto Social, un observatorio pionero que promueve la incorporación de métricas sociales y medioambientales en los proyectos e iniciativas de la ciudad y provincia. Está liderado por la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga, con la colaboración de Fundación ”la Caixa”.
La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma, ha inaugurado el acto y ha resaltado la alta participación e interés de los funcionarios en formarse y poner en marcha el contenido aprendido. Además, ha remarcado que “este proyecto responde a la creciente necesidad de medir el efecto de las inversiones públicas, algo que ya está promoviendo la Unión Europea y que será de carácter obligatorio en muy poco tiempo”. Ledesma ha recordado que el proyecto de la Diputación ‘Málaga no caduca’, para la distribución de los excedentes alimentarios de la provincia entre familias y colectivos vulnerables, es el primer contrato de impacto social adjudicado por una administración pública en España bajo normativa europea.
Durante la jornada se han abordado temas clave como las cláusulas sociales en la Ley de Contratos del Sector Público, los Contratos de Impacto Social (CIS) como herramienta innovadora de colaboración público-privada, o la medición del impacto a través de indicadores que permiten evaluar el bienestar generado por los proyectos públicos.
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La primera intervención ha corrido a cargo de Fermín Vallecillo, interventor del Ayuntamiento de Málaga e impulsor de MAIS, quien ha abordado el papel de las cláusulas sociales en la contratación pública. En una ponencia moderada por Antonia Ledesma, el ponente ha profundizado en la importancia de los criterios sociales y medioambientales en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, destacando cómo su correcta aplicación puede transformar la acción administrativa en una herramienta efectiva que transforme el territorio, revitalice las comunidades y proporcione respuestas a los desafíos complejos. “No es la compra en sí, sino la forma en que se compra lo que puede hacer un mundo mejor, más comprometido con el medioambiente y la sociedad”, ha explicado Vallecillo.
La segunda ponencia ha estado dedicada a los indicadores y medición del impacto social. Bajo el título ‘¿Se puede medir la felicidad?’, Ricardo Pagán, catedrático de la Universidad de Málaga, ha ofrecido una mirada académica y metodológica a los indicadores de bienestar y cómo aplicarlos en el diseño y evaluación de políticas públicas. La sesión, moderada por Joaquín Ramírez, director de Banca Instituciones Andalucía Oriental de CaixaBank, ha puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar las políticas en función de la mejora del bienestar por unidad de gasto neto del presupuesto del responsable. “La satisfacción con la vida es la mejor herramienta que los responsables políticos pueden usar al comparar los resultados de diferentes intervenciones”, ha trasladado Pagán.
A continuación, Jorge Martínez, interventor general de la Diputación Provincial de Málaga, ha sido el encargado de presentar el modelo del Contrato de Impacto Social (CIS) como un ejemplo tangible de innovación en la gestión pública. Moderado por Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga de la Junta de Andalucía, Martínez ha expuesto cómo este tipo de contrato permite vincular inversión pública y resultados sociales medibles, generando alianzas entre administraciones, entidades sociales y financiadores privados para resolver retos sociales complejos. Durante su ponencia, Martínez ha resaltado que “innovar en contratación es repensar el propósito de la contratación pública”, y ha destacado la contratación pública como herramienta estratégica para generar valor en lo público, “un objetivo que nos exige innovar”, ha indicado.
La jornada ha finalizado con una mesa redonda sobre inversión de impacto, moderada por Mar Torres, concejala del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. En ella ha intervenido José Moncada, CEO de Bolsa Social y vicepresidente de SpainNAB (Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España), quien ha explicado el papel de los inversores de impacto como aliados estratégicos del sector público. Durante el diálogo se ha reflexionado sobre cómo generar marcos colaborativos que favorezcan la financiación de proyectos con retorno social.
La jornada ha finalizado con un networking, en el que los participantes han podido intercambiar impresiones y explorar futuras colaboraciones en torno a la aplicación real de estas herramientas de innovación pública.
