La Policía Local de Málaga ha iniciado una nueva fase del dispositivo especial de vigilancia en el ámbito del transporte de viajeros, con un refuerzo de las intervenciones contra el «intrusismo» en el sector del taxi y de control de VTC en el aeropuerto y otras áreas de gran afluencia y de alta demanda como el puerto o las estaciones de tren y autobús.
Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, en lo que va de año, los agentes llevan realizadas más de 1.500 intervenciones. Esta labor de control e inspección se ha saldado en este período con 110 denuncias a VTC, 98 de ellas registradas en el aeropuerto, por incumplir la normativa vigente. Además, también se ha procedido a levantar acta de denuncia a los titulares de cuatro vehículos por ejercer la actividad de transporte de viajeros careciendo de licencia o autorización municipal.
En estos últimos casos, la intervención policial también incluye un acta de inmovilización o depósito de los vehículos por transporte de viajeros sin título habilitante para ello, quedando en depósito hasta el pago de la sanción de 4.001 euros por infracción muy grave, tal y como establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Desde el Consistorio, han explicado que, como cada año, el dispositivo policial se refuerza en el entorno del aeropuerto a medida que se incrementa el número de vuelos, tanto con agentes uniformados como de paisano desplegados mientras haya actividad en el aeródromo.
En materia de VTC, 98 de las citadas 110 denuncias se han registrado en el aeropuerto, donde a lo largo del pasado año 2023 se contabilizaron un total de 465. Las principales infracciones son carecer o no llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros (infracción leve con sanción de entre 201 y 300 euros) o propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios (infracción grave, de 601 euros).
No obstante, también constan en este sentido denuncias por carecer de seguro (motivo por el cual un vehículo también fue retirado por la grúa y trasladado al depósito municipal la semana pasada) o carecer del rótulo o distintivo obligatorio de la Comunidad Autónoma de procedencia (de 301 a 400 euros). Igualmente, constan intervenciones preventivas como la cancelación de servicios contratados para llevar a familias con menores sin dispositivos de retención infantil.
Estas actuaciones, en coordinación con el Área de Movilidad, se llevan a cabo a través de los controles que la Policía Local lleva a cabo en los accesos para comprobar que todos los VTC que acceden al aeropuerto lo hacen para prestar un servicio previamente contratado.
Además, de forma conjunta con la Inspección de Transporte de la Junta de Andalucía, también se realizan inspecciones a este tipo de vehículos, fruto del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta suscribieron en julio de 2021 para establecer las acciones conjuntas necesarias para la inspección y control de la prestación de servicios de transporte público en vehículos turismos sujetos a autorizaciones VTC que se desarrollen en la ciudad «al objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de transporte, evitar situaciones de fraude y combatir el intrusismo en el sector».
Además de recibir una «formación específica y actualizada» sobre la normativa vigente, los agentes pueden acceder y consultar los registros de transporte para verificar los datos de los vehículos inspeccionados desde el lugar de los hechos y, de esta forma, «agilizar y simplificar» la tramitación de las denuncias, ha informado el Consistorio.
El registro permite a los policías comprobar que los servicios de arrendamiento con conductor han sido previamente contratados, así como el cumplimiento de la regla por la que sólo un 20% de los servicios realizados en un trimestre pueden prestarse fuera de la comunidad donde está domiciliada la autorización.
