La Guardia Civil ha investigado a 36 personas físicas y dos personas jurídicas por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. En total, se han investigado 20 delitos y se han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.
La investigación se ha centralizado en responsables de una empresa de venta de materiales de construcción que, durante al menos 5 años, extrajeron agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas o para uso industrial. Se estima que utilizaron 2.400 cubas, equivalente a un volumen de 12 millones de litros, y cuyos beneficios superarían los 240.000 euros, sin contar con el daño y perjuicio para el dominio público hidráulico.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detectado un total de 187 infracciones administrativas en materia de aguas como extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos o destinar agua a un uso no autorizado.
También se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística o la transformación de suelo de cultivo de secano a regadío de manera ilegal.
Una situación agravada por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, donde se sufría una “sequía persistente”, y se establecieron restricciones de agua en algunas zonas.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga, que han contado con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
