La Diputación provincial de Málaga va a poner en marcha ‘Málaga no caduca’, una plataforma digital pionera en España para el aprovechamiento de excedentes alimentarios provenientes de sectores como el hostelero, el hotelero o la distribución para ayudar a 40.000 personas vulnerables en la provincia.
Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, que ha estado acompañado del decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA), Antonio Guevara, y la secretaria general adjunta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Dolores Olmo, en un acto en el que también han participado el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, y el director general de Air Miles, Carlos Dimas, y al que también ha asistido el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos.
En el proyecto también colaboran otras entidades como la Consejería de Salud, la asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), SpainNAB (Consejo Asesor para la Inversión de Impacto) y la consultora UpSocial.
Salado ha afirmado que este es un proyecto «verdaderamente revolucionario» y ha explicado que tiene tres objetivos fundamentales que se enmarcan en los principios de la Ley andaluza de Economía Circular, es decir, la sostenibilidad social, la medioambiental y la económica.
Así, en primer lugar, se trata de un reto social porque se busca eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que se derivan de esas situaciones. «No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, algo que está directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar; O en combatir la obesidad», ha apuntado el presidente.
También ha incidido en que se prestará una atención especial a los menores y a los mayores. «Todo esto está vinculado también con el coste sanitario, porque mejorando la calidad de la nutrición se previenen muchas patologías», ha indicado.
«Gracias a esta actuación podremos acercarnos a la realidad de estas personas, investigarla y desarrollar itinerarios personalizados que les ayuden a encontrar empleo o a solucionar problemas como la soledad no deseada, según cada caso», ha añadido Salado.
El segundo objetivo del proyecto es reducir el impacto medioambiental al reducir los residuos alimentarios; y el tercero es el económico, porque al evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen y sociales.
El presidente de la Diputación ha precisado que el proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica integrada que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol. La iniciativa, por lo tanto, pretende entre otros objetivos dar uso a las toneladas de alimentos en buen estado que se tiran cada año en la provincia.
PROCESO
El proceso de trabajo se está diseñando al detalle: desde los donantes, al Banco de Alimentos, las entidades sociales y la llegada a los beneficiarios, todo ello a través de un proveedor de servicios sociales que gestionará todo el proceso con una base de datos única e integrada (que ya está desarrollando la empresa Air Miles), que atienda a la realidad y las necesidades de esas personas.
«Estoy convencido de que será un éxito, un éxito colectivo, de toda la provincia», ha avanzado Salado, quien ha destacado el papel que desempeña también en esta iniciativa la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya que hay que recoger los productos ya elaborados (algunos caducan incluso en 24 horas) y se ha diseñado un riguroso protocolo de envasado, etiquetado y seguimiento de trazabilidad.
«Una vez más, la colaboración público-privada hace que vayamos más lejos, que soñemos más grande, y nos ayuda a construir una provincia mejor, más justa e igualitaria», ha aseverado el presidente.
DIEZ MILLONES EN CINCO AÑOS
Para llevar a cabo este proyecto, la Diputación de Málaga tiene previsto destinar diez millones de euros en cinco años, si bien el procedimiento es muy novedoso, porque este será el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España, y esto conlleva que el pago al proveedor del servicio se hace en función de los resultados, que se detallan en función de cada concepto, cada uno de cuales tiene una métrica asociada: reparto de alimentos, inserción laboral, lucha contra la soledad no deseada…
«Ojalá se cumpla al cien por cien y se abone por completo, porque el retorno y los beneficios sociales serían muy superiores. Incalculables», ha manifestado el presidente, quien ha apuntado que se trata de «una actuación global, porque abarca todas las facetas de vulnerabilidad de las personas, y sistémica, porque pretende cambiar la estructura social en la que viven esas personas».
El proyecto ya cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que lo ve viable, y, según la consulta preliminar que se ha realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo (inversores sociales).
Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada, que adelanta el dinero. Por lo tanto, hay tres actores fundamentales: la administración, el proveedor de servicios y el inversor social.
CRONOGRAMA
Está previsto que en septiembre se celebre un evento para dar a conocer el proyecto específico para el canal Horeca y se abrirán dos procesos de colaboración: uno para incorporar a los ayuntamientos de la provincia y otro para las entidades privadas. Y en octubre saldrá a licitación el proyecto para formalizar la contratación de cara al año que viene. Por lo tanto, el periodo de vigencia previsto de manera inicial será desde el año 2025 al 2030.
Salado ha asegurado que ‘Málaga no caduca’ nace como consecuencia de la estrategia de la Diputación de poner «el foco en las personas, en las familias, en los menores y en los mayores», y ha afirmado que, fruto de todo el trabajo previo que se está realizando desde hace tiempo, el proyecto ya ha recibido dos distinciones: un reconocimiento de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía destinado a proyectos de innovación en protección de la salud y un Premio Catalejo, que otorga el Observatorio de los Derechos Humanos de España.
