Artículo 47 de la Constitución española: todos los españoles y las españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
En Estepona cada año, alrededor del día 6 de diciembre, el Ayuntamiento celebra un acto multitudinario en el auditorio Felipe VI en el que se conmemora y ensalza la Carta Magna. Esto sucede en mi pueblo, precisamente el lugar de toda España en el que menos se respeta el citado artículo 47, y en el que la especulación urbanística ha provocado en los últimos años la mayor subida del país en el precio de la vivienda. Es triste y curioso que la mayoría de las estudiantes esteponeras y esteponeros que asisten a dicho encuentro vayan a tener graves problemas para comprar o alquilar una casa en el futuro, y que muchos de ellos tengan que emigrar de su pueblo para poder acceder a una vivienda digna, debido al incumplimiento sistemático del artículo 47 de la Constitución por parte de las políticas neoliberales que los gobiernos locales, autonómicos y nacionales del PP ejercen y representan. Qué paradoja que el gobierno municipal actúe de manera inversamente proporcional a lo que vende públicamente, ¿verdad?.
Los precios del alquiler en Estepona se han incrementado un 190% desde el año 2014, por encima de ciudades como Palma de Mallorca, Benidorm, Torremolinos o Gandía. Han pasado de 446 euros de media, a 1297 en 2024. Esto no es casualidad. La mayor parte de las parcelas habilitadas por el Ayuntamiento mediante planes parciales en nuestro pueblo han sido destinadas para la construcción de viviendas de lujo; las parcelas municipales que se han cedido en los últimos años han sido para la edificación de centros educativos privados, concertados o internacionales, mientras que Don Juanma Moreno nos hizo comenzar el curso escolar en la educación pública con 2000 aulas cerradas, subida de la ratio, déficit de PTIS y sin inversión suficiente (en el presente 2024 la inversión en educación ni siquiera ha llegado al 5% del presupuesto andaluz); las concesiones que se han realizado de terrenos públicos en Estepona han sido para proyectos privados encabezados por gente tan distinguida como Rosauro Varo, después de aquel desgraciado incendio del Laguna Village.
Este tipo de políticas tienen unas claras y contundentes consecuencias: privatización, venta y especulación.
Nuestra tierra no se vende, se defiende. Este era nuestro lema cuando las rojas, verdes y moradas estábamos en las instituciones. Pero este poderoso, valeroso y revolucionario mantra siempre era vencido por una falacia muy simple: “Y lo bonita qué está Estepona…”. Ay, dónde dejaremos dormido, a veces, el análisis crítico, el amor propio y el sentido común.
Estepona ya era bonita. De hecho, los recuerdos de mi infancia me evocan al pueblo campero, sencillo y marinero más bonito del mundo. Un lugar especial envuelto en el halo de su preciosa historia, forjada con trabajo y esmero a través del pasado, presente y futuro de su gente trabajadora.
Defender tu tierra es inversamente proporcional a permitir que ésta se venda a intereses económicos exteriores, fondos de inversión y a capital invasor, y permitir que se termine convirtiendo en un parque temático. Ni las “bellas” macetas de lunares, ni las “preciosas” urbanizaciones de lujo en primera línea de costa en las que jamás un esteponero se podrá comprar una casa, ni las “invitaciones” a churros, ni el simpático y pregonero Carlos Sobera, me van a convencer de lo contrario.
Estepona ya era bonita, no necesitaba que nadie viniera y le hiciera la cirugía estética.
Turismo sí, pero no así. Estepona siempre ha sido un municipio abierto, amable, turístico, pero seguía conservando su orgullo de pueblo. Estepona era multicultural, pero patrimonio de los esteponeros, y no una colonia de fiestas y de tapas para el capital extrangero. Todo el que venía decía que ese era su encanto. “Es mejor que Marbella, porque es grande pero sigue conservando su esencia de pueblo”. Hasta que llegó el día en el que nos vendieron los valores neogilistas de la Jet Set marbellí. Éramos perfectos porque teníamos el equilibrio ideal entre el campo, la sierra, la mar y el centro. Macetas naturales, eneas y entuertos.
Una ordenanza municipal del partido popular en plena pandemia, cuando más obstáculos económicos podía encontrarse la población, obligó a todo el esteponero o esteponera que tuviera una casa sin modernizar o parcela sin construir en el centro del pueblo a reformar u obrar en el plazo de un año bajo amenaza de expropiación (algo muy comunista, por cierto…). Esta política ha propiciado la proliferación de apartamentos turísticos en nuestro casco antiguo. Sin duda la medida vuelve a ser inversamente proporcional a dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y a asegurar el derecho a la vivienda para la población local en nuestro pueblo.
Aún así algo empieza a cambiar en la conciencia colectiva. Quizás porque la gentrificación de nuestros barrios ya está llegando a ser escandalosa y dolorosa. El lema “Nuestra tierra no se vende, se defiende” empieza a cobrar sentido colectivo. Lo que antes era un lema de cuatro locas del ovario izquierdo ahora se está convirtiendo en una auténtica revolución: Tenerife, Málaga… colectivos y población civil se lanzan a las calles en manifestaciones multitudinarias bajo lemas tan significativos como “Málaga para vivir, no para sobrevivir”.
Y es que esta no es una cuestión local, es un fenómeno global. El problema de la vivienda es el problema más grave que tiene España y las españolas en estos momentos. Entre el treinta y cuarenta por ciento de las rentas individuales y familiares en nuestro país van destinadas a costear la vivienda, en detrimento del consumo en otros sectores económicos, que se ven afectados negativamente por este fenómeno. El problema de la vivienda es el que está poniendo en jaque a la economía española.
Los comportamientos geopolíticos derivados de la excesiva dependencia del turismo y de la burbuja inmobiliaria denotan síntomas de subdesarrollo en nuestro país: empleos estacionales y precarios, excesiva dependencia del capital exterior, crisis económicas cíclicas (véase hemeroteca, 2007), sector terciario híper inflado y sectores primarios y secundarios deficientes, pérdida de población activa joven cualificada y exilio. Esto tiene un nombre: imperialismo o colonialismo moderno. Disimuladamente, “los patriotas” neoliberales cuya única patria es el capital y sus privilegios, están vendiendo a España y a nuestros pueblos, limitando libertades reales a las españolas. Esto sí que es una tradición (más quisiera Puigdemont).
Mientras los gobiernos autonómicos del partido popular ponen freno a la Ley de Vivienda, emulan el espíritu de la Ley del Suelo de 1998 de Aznar, o el PP andaluz rechaza una iniciativa de “Por Andalucía” para frenar la autorización de pisos turísticos y regular los alquileres en Andalucía, el ministerio del PSOE no le echa las agallas suficientes a los intereses del mercado y se queda corto.
Hace falta una política valiente en este tema. Hay que limitar el precio de la vivienda en España, hay que construir vivienda pública en régimen de alquiler social y hay que tener ovarios para controlar el alquiler de temporada y ponerle coto al alquiler turístico. Los derechos humanos están por encima de los intereses de una oligarquía que defiende y ejerce, como diría el recientemente condecorado por la comunidad de Madrid Don Javier Milei, el anarquismo capitalista. El único bálsamo, plan de choque y de contención económica en todo este trascendental asunto son las medidas sociales del ala más progresista del Gobierno. Subida del salario mínimo interprofesional, bajada de los índices de paro, bajada de la estacionalidad en el empleo y de la precariedad laboral. Gracias a ellas el FMI y el Banco de España señalaban buenas perspectivas españolas de crecimiento, a pesar de las crisis internacionales y del intento de jaque mate de la ultraderecha. Pero todas estas medidas pueden quedar diluidas si no le ponemos freno al mercado salvaje de los sectores más reaccionarios.
Porque, en definitiva, defender tu país no es ponerte una camiseta roja y gritar “Viva España”. Es, entre otras cosas, luchar para poder tener una casa y poder vivir en tus barrios y en tu pueblo, junto a tu familia, vecinas y amigos; es decir, defender tu país es defender tu derecho a tener un hogar en tu verdadera patria sin que nada ni nadie te obligue a partir.
