La concejala de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad de Marbella (Málaga), Isabel Cintado, ha explicado este martes que la primera medida administrativa que ha tomado el Ayuntamiento, después de que dos policías locales estén en prisión por una presunta agresión sexual a dos mujeres, ha sido la suspensión de empleo y sueldo.
En rueda de prensa y, tras ser cuestionada por los periodistas, ha señalado que «a día de hoy no hemos recibido ningún requerimiento del juzgado» en relación con el caso. No obstante, ha precisado que «ante la gravedad de los hechos la primera medida que toma el Ayuntamiento es precisamente la suspensión de empleo y sueldo, como en todo procedimiento que recoge hechos graves, en este caso de muchísima gravedad».
Asimismo, ha incidido en que «vamos a ser rigurosos, hay una investigación judicial en estos momentos y vamos a ser rigurosos con la presunción de inocencia y, por supuesto, ver en qué va derivando este procedimiento de la justicia».
Por otro lado, también la concejala ha rechazado y condenado los hechos y cualquier tipo de violencia machista o agresión sexual hacia las mujeres.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, acordó este pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos policías locales del municipio malagueño de Marbella detenidos por una presunta agresión sexual a dos jóvenes.
En concreto, ambos están siendo investigados por los delitos de agresión sexual, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y contra la intimidad.
Los hechos presuntamente ocurrieron el 12 de julio, aunque las mujeres, veinteañeras y de origen sudamericano, denunciaron el pasado 31. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Marbella inició una investigación. Así, fueron interrogados en la UFAM este pasado sábado y pasaron a disposición judicial, dictando el ingreso en prisión provisional.
Al parecer, los dos policías locales se encontraban de servicio de paisano cuando interceptaron a las dos mujeres, que se encuentran en situación irregular, y pidieron que se identificaran. Después fueron a una zona apartada donde, presuntamente, fueron agredidas sexualmente.
Las jóvenes, que aportaron un audio ya que grabaron las conversaciones, argumentaron en su denuncia que se sintieron coaccionadas para mantener dichas relaciones sexuales a cambio presuntamente de que no denunciaran su situación irregular en España. Por su parte, al parecer, los agentes argumentaron que las relaciones fueron consentidas.
