La Corporación municipal de Marbella (Málaga) ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario que el Ayuntamiento se acoja al Fondo de Ordenación de la Entidades Locales, que gestiona el Gobierno central, para hacer frente a sentencias judiciales por importe de 18 millones de euros de la época de gestión del GIL.
Se trata del mismo mecanismo presupuestario al que recurrió el Consistorio en 2021 para pagar más de 40 millones de euros por el mismo concepto.
«Volvemos a apostar por la opción más eficiente para el abono de estas cantidades. Esta situación se derivó del cambio de criterio del Tribunal Supremo con respecto a las prescripciones de las responsabilidades urbanísticas, pasando de los cinco a los 15 años, lo que provocó un aluvión de sentencias condenatorias provenientes de esa etapa oscura de nuestra ciudad», ha señalado el portavoz municipal y concejal de Hacienda y Administración Pública, Félix Romero.
«Optamos en aquel momento por esta vía y ahora volvemos a hacerlo después de que, en el marco de la elaboración de los nuevos presupuestos, nos haya comunicado Asesoría Jurídica la existencia de una deuda por sentencias de 18 millones», ha precisado.
Estos fondos, ha señalado Romero, permitirán al equipo de gobierno elaborar unas cuentas municipales «sin afectar servicios ni inversiones y garantizando los derechos de los trabajadores municipales».
La Corporación local también ha revisado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalía); el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Con respecto a este último, el tipo impositivo que el Ayuntamiento aplica sobre el tributo pasará del 0,631 al 0,650 por ciento en 2024, además de crear otro tipo especial, con un uno por ciento adicional, para inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral supere los 1,5 millones de euros.
«Se trata de la columna vertebral del Ayuntamiento, representando el 50 por ciento de los ingresos. El incremento de la inflación está afectando a nuestros servicios y, con la finalidad de financiar nuestras obligaciones, se hace necesario revisar el tipo y proponer una pequeña subida», ha señalado Romero.
La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha indicado que, con el incremento del IBI, el Ayuntamiento recaudará cinco millones de euros más en un municipio en el que «ya pagamos uno de los IBI más caros de la zona».
«El equipo de gobierno actúa de manera irresponsable. Cuando presentó el anterior plan de ajuste se comprometió a mantener el gasto de personal en 170 millones y ahora está muy por encima de ese tope. Además, el PP se comprometió a bajar el gasto corriente de 70 millones a 60 millones y lo cierto es que han gastado más de 100 millones de euros», ha señalado.
Por su parte, el edil socialista José Bernal ha criticado la falta de previsión que, a su juicio, muestra el Gobierno local en la elaboración de los presupuestos, «cuando se deberían haber reservado fondos para el incremento salarial y no disponer del fondo de contingencia, de forma que ahora no hay fondos para hacer frente a las sentencias judiciales en contra».
El pleno se ha cerrado con la dación de cuenta de la renuncia al acta de concejal del Grupo Municipal Popular del ya diputado nacional Cristóbal Garre.
En una sesión extraordinaria previa se han aprobado varias modificaciones de crédito para hacer frente al mantenimiento de instalaciones deportivas y zonas verdes, entre otras materias, además de un suplemento para garantizar la subida salarial a la plantilla municipal que obliga la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
