Nuevo paso para el futuro uso de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado, este martes, la licitación del procedimiento que desembocará en «la puesta en valor» de la misma. Un inmueble que, solo en 2023, supuso unas pérdidas para las arcas de dos millones de euros.
Según ha informado la Junta en un comunicado, su puesta en funcionamiento en 2024 «habría requerido una inversión extra de más de 500.000 euros». Así, según se especifica, la transformación de la antigua residencia de tiempo libre de Marbella supondrá unos ingresos de al menos cuatro millones de euros cada año por el canon de explotación, dinero que se destinará, «a servicios públicos, como educación o sanidad», entre otros.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha explicado que «con lo que se recibirá de explotar la residencia, que tenía apenas abiertos un tercio de los bungalows en 2023, se podría pagar el suelo de 40 médicos al año, atender a 388 mayores usuarios del Servicio de Dependencia, sufragar el gasto de 161 sesiones de diálisis, 263 de quimioterapia o pagar 1.481 plazas de guardería». A lo que ha añadido que, tras el cierre de las residencias de la Junta en 2024, la administración autonómica ha trabajado para «la puesta en valor del inmueble».
Es este jueves cuando el BOJA publica la licitación con concurrencia y publicidad para «promover su revitalización, puesta en uso y valor y adecuarlo a las necesidades actuales con la finalidad de promover su revitalización, puesta en uso y valor y adecuarlo a las necesidades actuales» en el marco de la protección del patrimonio histórico andaluz, del impulso de la economía y la generación de empleo.
La adjudiación se realizará por subasta a la mejor oferta y las solicitudes para participar en el procedimiento podrán presentarse desde el día 1 de septiembre hasta las 14.00 horas del día 23 de noviembre de 2025. La duración de la licitación se establece en 75 años, prorrogables hasta los 99 años con consentimiento expreso de ambas partes.
Según se informa, la Junta conservará la titularidad del inmueble, por lo que se atribuye exclusivamente al superficiario la propiedad temporal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes y de las nuevas que pueda realizar. A la extinción del derecho de superficie, el Gobierno andaluz hará suya la propiedad de lo edificado.
Cláusula «anti especulación»
La adjudicación incluye también una cláusula «anti especulación» que establece que no se podrá transmitir ni la adjudicación, ni el control de la sociedad adjudicataria, mientras no se haya cumplido el requisito de inversión establecido como garantía adicional, invertir, al menos, 50 millones de euros en el inmueble en los primeros 15 años, para garantizar el buen fin de la explotación y la protección del patrimonio histórico andaluz.
El adjudicatario se comprometerá a poner en explotación el inmueble en un plazo máximo de tres años y a cumplir la normativa en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, estableciéndose expresamente su incumplimiento como causa de extinción.
Convenio con el Ayuntamiento para posible uso hotelero
La licitación del derecho de superficie de la antigua residencia de tiempo libre de Marbella se enmarca en la estrategia desarrollada por la Dirección General de Patrimonio para impulsar la puesta en valor del patrimonio público sin uso o infrautilizado y, de esta forma, generar ahorros e ingresos.
Fue el pasado mes de febrero cuando la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmaron un convenio de colaboración patrimonial y urbanística para impulsar el cambio urbanístico que permitirá revitalizar y poner en uso y valor la antigua residencia de tiempo libre como complejo hotelero, lo que no excluye que el adjudicatario pueda destinar el espacio a otros fines siempre y cuando se encuentren amparados por la calificación urbanística del espacio.
Así, el Ayuntamiento de Marbella ha iniciado ya la tramitación del Estudio de Ordenación promovido por la Junta de Andalucía, que plantea modificar la calificación urbanística actual de la parcela para pasar de sistema general de equipamiento a equipamiento hotelero, ampliando los posibles usos.
En caso de que finalmente se destine a uso hotelero, según especifica la Junta, dicho canon se actualizará
anualmente de acuerdo con el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Andalucía, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
