La Federación Malagueña de Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas, la proliferación de chiringuitos con sótanos de hormigón en distintos puntos de las playas de Fuengirola, construidos en pleno Dominio Público Maritimito Terrestre, incumpliendo las previsiones de la nueva legislación de la ley de Costas.
En concreto, la denuncia va dirigida contra las obras del chiringuito Bikini Beach, situado en la playa del Castillo de la localidad y que está construyendo un sótano de hormigón. Este chiringuito tendrá una superficie total de construcción permanente de 440 metros, con sótano de hormigón, según consta en el proyecto que se realizará además a escasos metros de la zona de protección del entorno arqueológico del Castillo de Fuengirola.
Según la organización ecologista, esta construcción contraviene lo previsto en el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modificaba el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre. Una reforma que incluye importantes cambios en la normativa que afecta a la línea de Costa y a los chiringuitos.
Este texto legal especifica que la ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas, como los chiringuitos en playas naturales, no excederá de 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los
cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones deben ser de temporada y desmontables en todos sus elementos. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros.
También se establece que las ocupaciones previstas para los tramos urbanos de las playas podrán disponer de instalaciones destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 200 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito. La distancia entre estos
establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros.
La Federación Malagueña de Ecologistas en Acción señala que «la Junta de Andalucía ha estado abusando de sus competencias, ya desde el traspaso de éstas en el año 2011 en la gestión de las playas, mercantilizando la playa a niveles muy peligrosos».
Asimismo, la organización echa de menos una mayor rotundidad por parte del Estado a la hora de obligar al cumplimiento de los previsto en la legislación. Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a Demarcación de Costas a establecer medidas más rotundas como la obligación de que todos los proyectos autonómicos en la línea de costa deban ser supervisados por el Estado y sus informes sean vinculantes para las administraciones autonómicas.
