El exedil de Hacienda en Estepona Manuel Reina, acusado en el caso ‘Astapa’, contra la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, ha admitido en una carta manuscrita algunos de los hechos por los que está procesado y ha presentado, a través de su letrado, un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión.
En el escrito inicial de la acusación pública, Reina, que militaba en el Partido de Estepona (PES), estaba procesado por delitos continuados en concurso de falsedad, fraude y malversación; por cohecho y por prevaricación, solicitando la pena de diez años de cárcel y 34 años de inhabilitación para cargo público, así como multa de un millón de euros.
Así, el escrito suscrito ahora entre la acusación y la defensa, consultado por Europa Press, mantiene las imputaciones del escrito anterior, pero se aplica la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que supone una pena de dos años y medio de prisión, ochos años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
De la presentación de este escrito y del manuscrito de 14 folios ante la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que enjuicia el caso, se dio cuenta en la primera sesión de la vista oral, señalando el magistrado-presidente del Tribunal que se resolverá al respecto tras la práctica de la prueba.
La Fiscalía asume el relato de hechos que ofrece el acusado a través de ese manuscrito y otro posterior de un folio y modifica su escrito anterior en las penas solicitadas y añade al relato fáctico que Reina no intervino directamente en la negociación de convenios de planeamiento y enajenación de aprovechamientos urbanísticos, a excepción de lo relativo a la compra de proyectos de urbanización de una empresa.
No obstante, el fiscal señala que entre 2003 y 2007 «contribuyó de forma esencial a su materialización» –de esos convenios–, de forma que habría eludido mecanismos de control y fiscalización «canalizando desde su cargo de concejal de Hacienda los pagos o contribuciones que eran impuestas a promotores urbanísticos», además de controlar «el reparto de una parte de esos fondos» supuestamente entre las áreas gestionadas por su formación, el Partido de Estepona (PES).
La investigación en este caso comenzó a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el PES. En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas pero que cuenta con 50 acusados, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
En el manuscrito, el acusado señala que como concejal de Hacienda en ese momento se convirtió en «el coordinador de la llamada Caja B por parte de la Fiscalía de mi grupo político, el PES», señalando que hubo una «carrera a ver quién gastaba más y hacer más cosas» entre ambas formaciones, a las que, dice, se sumó luego el Partido Andalucista.
Asimismo, en el escrito, explica cómo, según él, se decidió cuál de los dos partidos llevaría el urbanismo y en qué momento tras las elecciones de 2003, apuntando a «tensiones» entre estas formaciones y a que el Ayuntamiento se convirtió en «una jaula de leones». Señala que las negociaciones de convenios las llevaban la Delegación municipal de Urbanismo y el Gabinete de Alcaldía y habla de la mayoría de ellos y de los empresarios que los firmaron.
