Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes en Málaga a un hombre acusado de acabar con la vida de un joven de una puñalada tras una discusión de tráfico en una urbanización de la localidad malagueña de Estepona. La Fiscalía solicita que se le imponga 16 años de prisión y la acusación particular, que representa a la familia, pide 23 años y medio de cárcel.
Los hechos sucedieron en noviembre de 2020. Según el escrito inicial del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado circulaba conduciendo un vehículo alquilado cuando frenó bruscamente al llegar a la altura de un paso de peatones para dejar pasar a la víctima, «intercambiándose unas palabras entre ambos, tras lo cual reanudó la marcha» y el joven salió corriendo tras el coche.
Poco tiempo después de eso, el acusado volvió a situar el vehículo tras el paso de peatones frente al lugar en el que se encontraba el joven, se bajó del mismo y, «tras un forcejeo, con intención de acabar con su vida de aquel, le propinó una patada en el pecho y una puñalada en el torso», tras lo que emprendió la huida a continuación».
Como consecuencia de «la brutal agresión», señalan las acusaciones, se produjo la muerte del joven, que presentaba una única herida por arma blanca a nivel del tórax izquierdo, la cual penetra en el corazón ocasionando una hemorragia externa masiva que llevó a un shock hipovolémico que derivó en la muerte.
Posteriormente, el acusado habría robado las dos placas de matricula de otro vehículo y sustituyó las originales del coche alquilado por las sustraídas, con la finalidad de no ser localizado por los hechos anteriores, según el ministerio público.
Para la Fiscalía, se trata de un delito de homicidio, por el que solicita que se le imponga la pena de 14 años de prisión, y otro de falsificación de placas de matrícula en concurso medial con un delito leve de hurto, por el que pide dos años de cárcel y multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros.
Asimismo, como responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice por el fallecimiento de la víctima a cada uno de sus padres en la cantidad de 300.000 euros.
Por su parte, para la acusación particular se trata de un delito de asesinato y eleva la petición de pena a 22 años de prisión. Subsidiariamente, considera que sería un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad, por el que pide 15 años de cárcel. También se adhiere al delito de falsificación, por el que pide que se le imponga una condena de un año y medio de prisión.
Según esta acusación, tras el primer encuentro en el paso de peatones, el procesado «decidió volver a por él y acabar con su vida». Supuestamente, le dio varios puñetazos y el joven no tuvo posibilidad de defensa, ante lo «sorpresivo» del ataque tras un mero enfrentamiento verbal; además, utilizó el arma blanca que llevaba «preparada».
