El Ayuntamiento de Estepona dará cuenta mañana en el Pleno ordinario de febrero de un informe de la Tesorería Municipal donde se informa que el periodo medio de pago a proveedores fue de 16 días, siendo uno de los más bajos registrados en las administraciones públicas de España.
La teniente alcalde del área Económica, Ana Vilaseca, ha explicado que se trata de un dato importante porque pone en valor “la rigurosidad con la que este Consistorio trabaja cada vez que contrata un trabajo o servicio”. En ese sentido, ha recordado que este equipo de gobierno se encontró en junio de 2011 con una cifra “demoledora”, como era que el Ayuntamiento de Estepona tardaba una media de 1.492 días en atender las facturas remitidas por los proveedores.
La edil ha indicado que los impagos sistemáticos por parte del anterior gobierno socialista supusieron que el Consistorio tuviese “el lamentable récord de tardar cuatro años en pagar los trabajos que contrataba con empresas”. Ahora, aunque la legislación vigente establece hasta un plazo de 30 días para atender las facturas de los proveedores, el Ayuntamiento de Estepona continúa haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar con la mayor agilidad posible todo lo que contrata.
En ese sentido, Vilaseca ha apuntado que este equipo de gobierno es “responsable” y conoce la importancia que tiene para los proveedores cobrar a tiempo, algo que no sucedía con las anteriores corporaciones, lo que supuso el “estrangulamiento y la asfixia” para muchas empresas locales que arrastraban sucesivos impagos por parte del Ayuntamiento de Estepona.
Este hito económico se suma al gran logro que alcanzó la ciudad el pasado junio cuando se pagó la totalidad de los más de 300 millones de euros de la deuda que el Consistorio había acumulado hasta 2011.
A ese respecto, la concejala del área Económica ha recordado que el Ayuntamiento de Estepona se situó a la cabeza de los más endeudados de España, con una deuda de 4.600 euros por habitante. En relación al pago de esa deuda heredada, ha señalado que se eliminaron la totalidad de las facturas no contabilizadas, las denominadas ‘facturas en los cajones’ (33 millones de euros); el abono de la totalidad de la deuda heredada con la Junta de Andalucía por el uso indebido o no justificado de subvenciones concedidas al anterior gobierno socialista (6 millones de euros); el pago de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (60 millones de euros) y con la Agencia Tributaria (18 millones de euros); así como el abono de más de 90 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, entre otros conceptos.
Ana Vilaseca ha explicado que el ahorro y la responsabilidad en el gasto han sido determinantes en la gestión económica para la amortización de la deuda, con multitud de medidas que han contribuido a la eliminación de gasto superfluo o el despilfarro de los recursos públicos.
