El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha rechazado en pleno todas las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista a los presupuestos de 2022, a pesar que muchas de ellas pretendían mejorar los servicios públicos como el transporte urbano.
Entre estas alegaciones se encontraba una partida presupuestaria concreta para el Plan de Regeneración de Sierra Bermeja, otra para la elaboración de la relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento; dotación para la mejora y reforma de centros educativos e instalaciones deportivas; la recuperación de los planes de empleo municipales o la reducción de los sueldos de los concejales y cargos de confianza.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Emma Molina, afirma que este rechazo a las alegaciones del PSOE “no son más que otra muestra del totalitarismo que ejerce el alcalde; de la política de rodillo que García Urbano ostenta desde su mayoría absoluta sin percatarse de que las propuestas de la oposición complementan, enriquecen y mejoran las políticas del equipo de gobierno”.
En esta misma línea el alcalde también ha rechazado dos mociones del PSOE. La primera de ellas solicitaba la redacción de un nuevo Plan de Igualdad aplicable a la administración local y a todas aquellas empresas que contraten con el Consistorio, ya que el actual tiene una antigüedad de 10 años y no se ajusta a la normativa actual.
La segunda, la protección de las Dunas de El Saladillo-Matas Verdes. García Urbano ha basado su negativa en que este entorno natural está ya protegido, pero no es así ya que está catalogado en el PGOU vigente como ‘suelo urbanizable’.
“Toda propuesta procedente de la oposición es rechaza de forma automática, sin valorar si resulta beneficiosa para los vecinos de Estepona. Es el característico despotismo al que lamentablemente nos tiene acostumbrados el señor García Urbano”, reprocha Molina.
Por último, el PSOE ha votado en contra de nombrar Hijo Adoptivo de Estepona a Juan José Hidalgo, presidente ejecutivo de Globalia Corporación Empresarial al considerar que el empresario, vinculado al comisario Villajero y propietario de los terrenos de la Herencia Nadal, no es digno de dicho título. Además tuvo que pagar 13,5 millones de euros al Ministerio de Fomento por fraude, cuando era Ministra Ana Pastor .
