Las localidades de Torremolinos y Estepona perderán sus respectivos juzgados de violencia de género a partir de enero de 2024.
El motivo es el reciente plan del Gobierno central para «comarcalizar» estos juzgados y por el cual las competencias de ambas sedes serán derivadas a otros órganos judiciales especializados, en Málaga -en el caso de Torremolinos- y Marbella -en el caso de Estepona-. Una decisión que, según denuncian desde el sindicato Csif, traerá consigo situaciones de colapso y perjuicio para los trabajadores pero, sobre todo, para las víctimas.
El plan objeto ahora de las críticas tenía como objetivo quitar las competencias en violencia de género a los juzgados mixtos –que además de estos casos también deben resolver otros de tipo civil y penal- y centrarlas en juzgados exclusivos de violencia de género. Así se daría «una respuesta más rápida, efectiva y especializada» y se evitaría la sobrecarga que soportan los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia.
En el caso de Torremolinos, el hecho de perder las competencias no provocará demasiados problemas según explica en una entrevista a AZ Costa del Sol el portavoz de Csif Manuel Postigo. «Tiene sentido porque de Torremolinos a Málaga hay poca distancia y aparte en Málaga se va a crear un juzgado más y se van a habilitar guardias de 24 horas».
El problema vendrá -asegura Postigo- cuando se quiera trasladar las competencias de Estepona a Marbella. «En Marbella nos encontramos con un juzgado de por sí saturado, donde los trabajadores están terminando a las seis o siete de la tarde porque la ley estipula que estos casos deben tramitarse en el mismo día. Ahora le vamos a meter un partido judicial como el de Estepona, un partido gigantesco que incluye Manilva, Sabinillas y Casares. El principal perjuicio es para las víctimas que tendrán que trasladarse ahora hasta Marbella, a más kilómetros. En el caso del núcleo de Secadero (Casares) son entre 70 y 80 kilómetros».
El cambio, además de perjudicar a las víctimas, agravará según Csif las condiciones de trabajo de los funcionarios. «Vamos a duplicar el trabajo a plantilla de Marbella, vamos a colapsar», alerta Postigo y subraya algunas cifras para evidenciar esta sobrecarga. En Marbella se registran actualmente 500 diligencias urgentes y 480 diligencias previas por violencia. A ellas se sumaría los datos de Estepona, cuyos juzgados con competencias en materia de violencia de género registran este año cerca de 300 diligencias urgentes y más de 1.300 diligencias previas.
«El problema es que plantean las reformas sin preguntar a quienes realizamos el servicio», lamenta Manuel Postigo quien señala que, a pesar de ser éste una ley estatal, la Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de personal, «tiene que decir algo», insiste Postigo. «O se crea otro juzgado o se refuerza con personal o se establece un plan de guardias o de horas extraordinarias para que puedan sacar todo el trabajo adelante. Si no va a ser un desastre». Desde la subdelegación del Gobierno añaden igualmente que aunque el plan de reordenación de los juzgados de violencia de género ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados para el conjunto del país, son las comunidades autónomas quienes tienen la última decisión sobre cómo ejecutarlo y distribuir los recursos.
