La Dirección General de Carreteras, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado un estudio a la consultora pública Ineco para valorar el nuevo sistema de financiación de las carreteras, en línea con el compromiso que adquirió con Bruselas a cambio de recibir fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya avanzó en octubre de 2021 que el Gobierno se encontraba trabajando en esta medida, aunque el pasado mes de junio descartó iniciar el debate correspondiente con el sector debido a la situación económica. Sin embargo, volvió a confirmar que el plan seguía adelante y que la idea era implantarlo a partir de 2024.
En este sentido, FACUA rechaza de pleno este modelo propuesto por el Gobierno y señala que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.
Así, la asociación entiende que la financiación de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Mientras que la financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo-, FACUA señala que la implantación de este «sistema de tarificación» -como han dado en llamarlo- en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con un poder adquisitivo inferior.
Claro perjuicio
De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Por otra parte, esta medida se está planteando en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
En su primer anuncio sobre este plan, el Ejecutivo justificó esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios, y en que se planteó con vista a una minoración de la emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido, FACUA insta al Gobierno a que, si el impacto medioambiental es uno de los motivos, debe apostar firmemente por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado, en lugar de plantear medidas que terminan siendo perjudiciales para los ciudadanos con menor poder adquisitivo.
