La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga Gema Pérez ha informado hoy de una respuesta escrita por parte del Gobierno, a instancia de los populares, en la que el Ejecutivo de Sánchez aplaza ‘sine die’ la nueva comisaría de Policía Nacional en Torremolinos y Benalmádena, y la condiciona a un nuevo Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, «del que nada se sabe».
De este modo, Pérez ha denunciado la parálisis y el abandono inversor del Ejecutivo de Sánchez en la provincia también en materia de seguridad y ha reclamado más medios personales y materiales ante el aumento de la criminalidad registrado durante los últimos años.
«A pesar de que el Ayuntamiento de Torremolinos, una vez que estuvo en manos de los populares, aceleró la cesión de esta parcela a Interior, comenzando los trámites en 2022 y concluyendo en 2024; por parte del Gobierno no han avanzado nada», ha explicado la dirigente popular, que ha lamentado la falta de compromiso con esta importante infraestructura y con otras que el PSOE mantiene paralizadas en la provincia desde hace siete años, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «que ejercen su labor de forma loable en la Costa del Sol a pesar de los cada vez más escasos recursos».
Igualmente, Pérez ha tachado de «ruin» que uno de los motivos que alega el Gobierno en su respuesta escrita sea la gestión del anterior gobierno del PP: «Llevan ellos ya más tiempo, pero siguen echando la culpa a otros», ha criticado.
La diputada nacional ha querido reconocer la importante labor de los efectivos policiales a pesar de que la percepción de inseguridad «crece, y no sólo es una sensación; sólo hay que acudir a los datos y ver los sucesos que se están registrando en el litoral malagueño en los últimos meses y años».
«Tenemos un Gobierno indolente, que deja indefensa a su ciudadanía y a quien tiene que velar por su seguridad, como son estos efectivos policiales que atienden a dos poblaciones como Torremolinos y Benalmádena, que durante el verano pueden llegar a sumar más de medio millón de población, con unas instalaciones en un estado lamentable», ha apuntado.
«Esta es, entre otras muchas, la consecuencia de la corrupción. Servicios que deberían ser básicos, infraestructuras que no habría ni que pedirlas y que, sin embargo, van quedando atrás, comprometiendo la seguridad de todos, incluida la de los efectivos policiales que se juegan la vida para que vivamos en seguridad y libertad», ha concluido Pérez.
