La Audiencia de Málaga ha condenado a tres hombres por formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y a uno de ellos por atentar contra los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo desplegado para frustrar un operativo de transporte de hachís desde la Costa del Sol, tras una larga persecución por carretera.
El sindicato Jupol ha ejercido la acusación de los agentes de la Policía Nacional en esta causa y han mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, insistiendo en la necesidad de declarar como profesión de riesgo a este cuerpo policial.
Los hechos sucedieron en octubre de 2021. Los tres acusados, según se declara probado en la sentencia, se dedicaban, junto a otros dos hombre que se encuentran fugados, al transporte de sustancias estupefacientes desde España hasta el extranjero, para lo cual disponían de una vivienda ubicada en Benalmádena (Málaga).
Así, el día en el que se iba a realizar la operación de traslado de la sustancia, los acusados se distribuyeron entre dos coches que tenían la labor de dar protección y «eludir los posibles controles policiales» y una furgoneta donde se había cargado la droga, señala la resolución consultada por Europa Press.
El trasiego de vehículos y de personas entre distintas localidades de la Costa del Sol dio lugar a que agentes de la Udyco de Torremolinos montaran un dispositivo policial de vigilancia «ante la sospecha fundada de que de forma inminente se podría iniciar el transporte de una cantidad relevante de sustancia estupefaciente».
Cuando la furgoneta llegaba a uno de los controles de la autopista de peaje de Las Pedrizas, los agentes le dieron el alto, pero el conductor lo ignoró y, «rectificando su marcha, emprendió la huida impactando contra la barrera del peaje, reanudando su circulación a toda velocidad en sentido Antequera», seguida por los agentes.
En esa persecución, rebasaron a uno de los vehículos de protección, donde iba un acusado y uno de los fugados, «sin que pueda determinarse quien era el conductor, aunque ambos habían asumido la función de dar protección a la furgoneta y su carga e impedir a toda costa y cualquier medio que pudiera ser interceptada por la Policía».
Este vehículo obstaculizó la marcha de los coches policiales, en una persecución «a gran velocidad»; a la vez que también frenaba bruscamente para «sacar de la carretera a sus perseguidores», lo que puso «en grave riesgo a los agentes»; unas maniobras que se repitieron de forma insistente durante más de 40 kilómetros.
En un momento determinado, ese vehículo arremetió directamente contra los vehículos policiales, «procediendo el conductor, con la aquiescencia de su acompañante a dirigir el coche contra aquellos, con propósito de menoscabar la integridad corporal de los funcionarios policiales y sin desechar el resultado de muerte».
Iban a una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora y golpearon en un principio con la parte lateral delantera contra uno de los vehículos policiales, que lograron sacar de la vía «tras sucesivas embestidas». No obstante, el agente consiguió recuperar el control del coche y volver a la persecución, dice la sentencia.
Pero también arremetieron contra el otro vehículo policial, «haciéndole perder el control y desplazándolo hacia el arcén izquierdo de la vía, hacerlo girar y volcar en el badén, dando varias vueltas de campana y deteniéndose finalmente al otro lado de la vía», mientras los coches y la furgoneta lograron seguir su camino.
La operación se cerró en diciembre, con la detención de los tres acusados y la intervención de 1.286,73 kilos de resina de cannabis y más de 12.000 euros en efectivo procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes.
Por estos hechos, dos agentes resultaron lesionados, uno de especial gravedad, ya que requirió 135 días para sanar totalmente. Este sufrió lesiones muy graves y presenta actualmente secuelas, tanto físicas como psicológicas, que representan una pérdida de la calidad de vida.
Así, la Sala condena a uno de los acusados a la pena de 13 años y cuatro de cárcel por los delitos de atentado con vehículo a motor contra agentes de la autoridad, homicidio en grado de tentativa, integración en grupo criminal, contra la salud pública, falsedad y delito leve de lesiones. También se le impone indemnizar a uno de los agentes con 34.500 euros.
Asimismo, a los otros dos los condena por los delitos de integración en grupo criminal, contra la salud pública y falsedad en documento oficial, imponiéndole a cada uno la pena de dos años de prisión.
Según el Tribunal queda acreditado el delito de homicidio en grado de tentativa pues se llevaron a cabo actos que «debían producir un resultado que no era otro que la muerte», como «las embestida que dirigió al coche policial con un vehículo de motor, la velocidad que circulaban para sacarlos de la carretera».
La Sala ha tenido en cuenta para la condena las declaraciones de los agentes que intervinieron en la investigación a los que concede «plena credibilidad, plasmándose sus manifestaciones de forma imparcial y profesional, no existiendo razón alguna ni elemento subjetivo para dudar de su veracidad». También otras pruebas periciales.
Desde Jupol han valorado esta sentencia y han incidido en que desde este sindicato llevan «años denunciando la situación de inseguridad a la que se enfrentan día a día los agentes de la Policía Nacional, con una fragante escasez de medios materiales y humanos para enfrentarse a una criminalidad creciente».
Al respecto, han precisado en un comunicado que esta criminalidad es «cada vez más violenta contra los agentes» y han lamentado la «palpable pérdida del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
