El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla han firmado hoy un convenio para poner en marcha la figura del administrador de comunidades de propietarios de oficio, una iniciativa pionera que tiene como objetivo activar comunidades en edificios donde no existen o están inoperativas, facilitando así su acceso a ayudas públicas para la conservación, rehabilitación y mejora de la habitabilidad.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del Colegio, Manuel Jiménez Caro, han suscrito el acuerdo en el que se prevé la creación de una bolsa de administradores colegiados. Estos profesionales serán asignados de manera objetiva mediante un sistema de baremación y prestarán sus servicios durante cuatro años en las comunidades seleccionadas.
Esta colaboración público-colegial se articula como una estrategia innovadora de regeneración urbana, especialmente en barrios con especiales dificultades socioeconómicas, donde la falta de estructura legal en las comunidades impide acceder a planes de mejora o mantenimiento.
Para desarrollar el plan, el Instituto Municipal de la Vivienda ha concedido una subvención directa de 250.000 euros al Colegio de Administradores de Fincas. Durante el primer año, el servicio será gratuito para los vecinos; a partir del segundo, se irá incorporando progresivamente una aportación por parte de las comunidades (25% el segundo año, 50% el tercero y 75% el cuarto).
Los administradores asignados prestarán servicios como la constitución legal de la comunidad, la gestión económica y administrativa, la tramitación de subvenciones, el mantenimiento y conservación de los inmuebles, y la representación ante las administraciones. Todo ello con un sistema de honorarios preestablecido, adaptado al número de viviendas y supervisado por el Colegio para garantizar la transparencia y el control económico.
Tanto la selección de los administradores como la de las comunidades beneficiarias se realizará mediante convocatorias públicas y criterios objetivos. En el caso de los edificios, se priorizarán aquellos con más de 25 años de antigüedad y situaciones de vulnerabilidad detectadas por las Juntas Municipales de Distrito a través del programa municipal de integración social.
Este plan busca reforzar la cohesión vecinal y la capacidad de autogestión de las comunidades, y se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento para mejorar la conservación del parque residencial de la ciudad y promover entornos urbanos más seguros, habitables y sostenibles.
