La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está preparando la licitación del estudio de viabilidad para la presa de Cerro Blanco, en la provincia de Málaga, una infraestructura hidráulica que satisfacería las necesidades de agua de calidad para los municipios del Bajo Guadalhorce y evitaría los riegos de inundaciones aguas abajo del embalse, además de que, en caso de excedente, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol Occidental a través de la Autovía del Agua.
Así lo ha indicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante su intervención en ‘Aquaforum 2026’, –un foro organizado por La Opinión de Málaga, en el que expertos y profesionales analizan la situación hidráulica de la provincia de Málaga, la gestión hídrica de los recursos y las necesidades de las empresas del sector–, y donde ha destacado que aunque Cerro Blanco está declarada de interés general del Estado, el Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar para que sea una realidad.
El consejero ha subrayado la importancia que las presas están teniendo durante el tren de borrascas que está sufriendo todo el país y, muy especialmente, la comunidad autónoma andaluza. “Están cumpliendo con su función de laminar importantes avenidas de agua. Sin ellas, estaríamos hablando de desastres de incalculables consecuencias ante situaciones como las que hemos vivido”, ha advertido Fernández-Pacheco.
Además, los recursos hídricos que se están almacenando serán vitales para todos los sectores económicos y para la población. En estos momentos, las presas de la provincia de Málaga se encuentran cerca del 87 por ciento de su capacidad total.
Más de 100M€ para el mantenimiento de presas
Así, tras asegurar que el Gobierno andaluz “es y será siempre un firme defensor de las presas”, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha indicado que desde 2019 se ha destinado más de 100 millones de euros para actuaciones en los embalses de las tres demarcaciones hidrográficas gestionadas por la administración andaluza, al objeto de adaptarlas a las nuevas normas técnicas de seguridad aprobadas en 2021.
En la provincia de Málaga, entre otras actuaciones, se están ejecutando obras de prevención y catástrofes en la presa de La Concepción por 2,3 millones de euros y se han destinado 2,1 millones de euros a las obras de mejora y reparación del embalse de Casasola, gracias a las cuales su desagüe de fondo ha estado plenamente operativo durante estas lluvias tras los problemas que sufrió.
El Gobierno andaluz también ha destinado 2,3 millones de euros de su presupuesto a elaborar el proyecto de la presa de Gibralmedina, una actuación estratégica para el Campo de Gibraltar, pero que también favorecería a la Costa del Sol Occidental y Oriental. Este proyecto, que está declarado de interés general del Estado, fue remitido hace casi un año al Gobierno de España, sin que se haya pronunciado al respecto.
Más de 40 obras hidráulicas finalizadas en la provincia de Málaga
Estas lluvias han evidenciado la urgencia de reforzar infraestructuras esenciales, tanto de regulación como de evacuación de caudales, cuestión en la que no obstante, el Gobierno andaluz “lleva volcado” desde 2019 con más de 1.400 millones de euros invertidos y que se traducen, por ejemplo, en más de 40 obras hidráulicas finalizadas en la provincia de Málaga en los últimos siete años por 150 millones de euros.
Durante su intervención, el consejero ha anunciado que ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que valore la movilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una vez se valoren los daños que el tren de borrascas ha ocasionado en Andalucía.
Estos fondos, que se unirían al presupuesto que el Gobierno andaluz determine, permitirían impulsar medidas de emergencia, reparar infraestructuras estratégicas dañadas, modernizar sistemas de regulación y drenaje, acometer labores urgentes de adecuación hidrológica ambiental de cauces fluviales, reforzar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos adversos y, en definitiva, asegurar la continuidad de actividades esenciales vinculadas al agua.
