La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha reclamado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mayor concreción en los criterios que deben guiar la incorporación del profesorado ayudante doctor destinado a cubrir las necesidades adicionales de docencia generadas por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el sistema público universitario.
Así lo ha expuesto el secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, durante la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) celebrada con el resto de comunidades y con el Ministerio, donde también se han abordado otros temas de interés como el desarrollo del programa de microcredenciales.
En su intervención, Herrera ha explicado que el convenio que deberán suscribir próximamente la Consejería de Universidad y los rectores andaluces con el Gobierno central no desarrolla con detalle cuáles deben ser los requisitos aplicables en la contratación por parte de las universidades públicas de ese personal adicional.
Esa “falta de claridad”, a su juicio, puede generar problemas, llegando a complicar, incluso, que esas incorporaciones de nuevos docentes no puedan sufragarse a cargo del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas. Por todo ello, ha solicitado al Ministerio que “ese aspecto se clarifique antes de la firma del acuerdo para que el propio documento ya lo refleje convenientemente”.
Este programa puesto en marcha por el Gobierno en el marco de la LOSU, contempla la creación de 3.400 plazas de ayudantes doctores en el conjunto nacional a partir del curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. De ese cómputo global, a Andalucía le corresponden 774: 468 con cargo al Ministerio y 306 a la Junta de Andalucía. Esta actuación también establece que deberán ser las comunidades autónomas las que se hagan cargo con recursos propios de la estabilización de este personal a lo largo de toda la vida laboral.
Al margen de esa petición, el secretario general de Universidades ha subrayado que la Consejería solicitará a los rectores información del profesorado incorporado a sus plantillas este curso académico en la categoría de ayudante doctor, “con el fin de agilizar el cumplimiento del convenio y garantizar así la aplicación efectiva de la partida de 6,52 millones prevista por el Ministerio de Ciencia para este año 2024, dadas las fechas que son”.
Ejecución del programa de microcredenciales
Por otro lado, Ramón Herrera ha informado al Ministerio del nivel de desarrollo del programa de microcredenciales en Andalucía, asegurando que la previsión es que pueda convocarse antes de que finalice el año, después de que ya se haya aprobado la orden que recoge los criterios de su aplicación.
Esta iniciativa contempla ayudas por valor de 8,86 millones de euros dirigidas a las diez universidades públicas andaluzas para impartir esta modalidad formativa, que tiene como finalidad que la población de entre 25 y 64 años adquiera, actualice y mejore los conocimientos, habilidades y capacidades necesarios para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado laboral.
Estos 8,86 millones de euros estarán financiados con fondos europeos de recuperación, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La andaluza es la autonomía que cuenta con más dotación en el contexto nacional, con un 18,28% del presupuesto global, por delante de Cataluña (7,89 millones y un 16,27%) y la Comunidad de Madrid (6,97 millones y un 14,38%).
En la oferta de Andalucía, que se compone de 10.640 microcredenciales distribuidas en 190 formaciones, se incluye la correspondiente a Ceuta y Melilla, a través de la Universidad de Granada, con un mínimo de 240 microcredenciales para estos territorios. En el conjunto del territorio nacional, el sistema público de educación superior dispone de 48,5 millones de euros para poner en marcha 60.000 microcredenciales, que se llevarán a cabo en el sistema público andaluz entre los cursos 2024/2025 y 2025/2026.
