La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía «agilizará y simplificará» el proceso de autorización para abrir clínicas privadas en la comunidad «hasta donde lo permita» la Ley que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. A tenor de las «alternativas que ofrecen las previsiones y prescripciones de esta norma básica –Real Decreto 1277/2003–, se plantea modificar el régimen jurídico actual» con el fin de lograr esa agilización y simplificación para obtener la autorización de apertura.
Así se recoge en la consulta pública abierta por la Consejería del proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de funcionamiento, los procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación, y el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Las entidades, asociaciones y particulares interesados en hacer aportaciones a este proyecto de decreto tienen de plazo hasta el próximo 16 de junio, según aparece recogido en el portal de transparencia consultado por Europa Press.
Entre los objetivos de la futura norma está la «unificación de los plazos de vigencia de las autorizaciones de los centros sanitarios, independientemente del régimen jurídico aplicable a la renovación, autorización o declaración responsable», pasando de cinco a cuatro años, dado que «en muchas ocasiones, éste es el plazo que viene establecido en la normativa estatal que regula la autorización de determinadas actividades sanitarias».
Igualmente, se busca «suprimir la autorización sanitaria de instalación en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras». Se modificará también el procedimiento de renovación de las autorizaciones de funcionamiento en determinadas tipologías de centros para las que por las características de su oferta residencial «no concurre la necesidad de verificación del cumplimiento de los requisitos».
En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo argumenta que «la tradición administrativa, basada en un control previo, debe dar paso a procesos que potencien el principio de buena fe de la ciudadanía en su relación con la Administración, sutituyéndose las autorizaciones por declaraciones responsables a cambio de una mayor exigencia de compromiso y veracidad de las declaraciones de la persona interesada y, paralelamente, un control más riguroso y efectivo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento».
Por último, la Junta persigue con este proyecto de decreto «integrar» en una sola norma el régimen jurídico de los diversos procedimientos y «reducir» la «diversidad actual» de la regulación de autorizaciones especiales. El nuevo régimen «debe asegurar» que los procesos de fiscalización y control posterior de la Administración «se orienten a verificar el cumplimiento de las obligaciones y a propiciar la seguridad y la calidad sin perjuicio de establecer las sanciones oportunas en el caso de que no se cumplan las normas o los requerimientos que se lancen.
