La Junta Electoral de Zona de Marbella ha concluido que no existe una infracción electoral tras la denuncia presentada desde el Partido Popular (PP) contra el Ayuntamiento de Manilva en relación a la difusión de una movilización educativa prevista para este próximo miércoles, 22 de abril.
Así se concluye en el acuerdo firmado por el presidente de la Junta Electoral -al que ha tenido acceso este periódico- tras analizar, por un lado, la denuncia presentada y, por otro, las alegaciones por parte del Consistorio. Según se dicta, la Junta Electoral no contempla que se haya llevado a cabo «una utilización de recursos públicos municipales para facilitar la asistencia a la movilización», al mismo tiempo que «no se ha aprobado que el origen de la difusión fuese a través de un canal institucional municipal».
El acuerdo se conoce después de que el PP presentase una denuncia contra el Ayuntamiento de Manilva, su alcalde, Mario Jiménez y otros «posibles responsables». La denuncia -consultada por este periódico- señalaba varias actuaciones que vulneraban el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.
Desde el PP, se alegaba que la difusión de la convocatoria de movilización se había difundido a través de canales vinculados al Ayuntamiento, así como el uso de un contenido «materialmente partidista» con mensajes como «Intentaron frenarnos, pero no lo han conseguido», «tenemos que ser muchos» o «Manilva y Casares no se rinden, no se callan y no se paran», entre otros. Según los denunciantes, el Ayuntamiento habría así facilitado un enlace para la inscripción en un «bus gratuito» con destino a la concentración convocada para este próximo miércoles en Málaga capital.
Según sostenía, con la documentación aportada, se indicaba que «El Ayuntamiento de Manilva pone autobuses gratuitos. Reserva tu plaza aquí», lo que, a su juicio, apuntaba a una posible utilización de recursos públicos municipales para facilitar la asistencia a la protesta. De este modo, se solicitó a la Junta Electoral que se declarara vulnerado el principio de neutralidad institucional y ordenase así la retirada de publicaciones o contenidos relacionados con la convocatoria.
Ante estas acusaciones, desde el Ayuntamiento de Manilva, representado por el alcalde Mario Jiménez, se realizó una alegación que negaba los hechos denunciados. Según se dicta en ella, consultada por este periódico, se alega que «no se prueba la autoría municipal de la difusión ni la financiación pública, ya que no existen pruebas suficientes de que esta se realizara a través de medios o canales institucionales».
En este sentido, el Ayuntamiento especificaba que la difusión de la convocatoria habría sido realizada por colectivos vinculados a las AMPAs, que, según se indica, habrían solicitado, a través del sindicato de profesores de Málaga, la correspondiente autorización para la concentración.
Asimismo, se subraya que la reivindicación responde a una «cuestión histórica» en materia educativa, que lleva años trasladándose a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía.
Por último, el Consistorio reitera la negativa sobre la autoría de los hechos denunciados y sostiene que no existe prueba suficiente que acredite la utilización de financiación pública para la contratación del autobús o la organización del acto, argumentos que han sido tenidos en cuenta finalmente por la Junta Electoral para descartar la existencia de infracción.
