El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado hoy de manera oficial la tramitación de una ordenanza para la recepción de las 96 urbanizaciones históricas del término municipal. Se trata de una decisión sin precedentes que viene a solucionar una necesidad y una demanda ciudadana de muchas décadas, y que garantizará la igualdad de servicios para todos los mijeños vivan donde vivan.
Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Mata, acompañada por el concejal de Urbanizaciones, Juan Carlos Cuevas, y el de Economía y Hacienda, Mario Bravo. Esta tramitación arranca con la preceptiva consulta pública, publicada hoy mismo en la página web del Ayuntamiento, y que estará vigente durante 15 días hábiles, es decir, hasta el 16 de febrero.
Esta consulta pública previa da cumplimiento al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Servirá para identificar los problemas que se van a solucionar; la necesidad y oportunidad de su aprobación, y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En el término municipal hay un total de 96 urbanizaciones clasificadas como suelo urbano consolidado que, pese a estar plenamente integradas en el tejido urbano, nunca han sido formalmente recepcionadas por el Ayuntamiento. La alcaldesa ha subrayado que esta “decisión histórica” acabará con la inseguridad jurídica, administrativa y económica “que afecta tanto a los residentes como al propio Ayuntamiento de Mijas”.
En este sentido, Mata ha subrayado que la igualdad de servicios “es un derecho de los ciudadanos y por tanto es una obligación para este equipo de gobierno municipal, obligación que ningún equipo de gobierno anterior ha asumido en medio siglo”.
La alcaldesa ha explicado que la actual situación puede provocar situaciones de riesgo ambiental y de seguridad vial, así como una carencia progresiva de dotación de servicios urbanísticos básicos y una merma en calidad de su prestación, “y por eso hemos decidido poner fin a esta situación”.
Desventajas en servicios y en subvenciones
La falta de claridad sobre quién debe conservar y mantener viales, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado o zonas verdes supone un evidente perjuicio a los mijeños que viven en estas zonas, ya que tributan por los mismos conceptos (IBI) que los de los núcleos urbanos. Esto ha creado históricamente una situación de desigualdad tributaria y de prestación de servicios dilatada en el tiempo.
En muchos casos, las comunidades de propietarios no han podido asumir las cargas derivadas de los citados trabajos, y se han dado situaciones desfavorables en los campos sanitario, ambiental y de seguridad vial.
Ello ha originado una carencia progresiva de dotación de servicios urbanísticos básicos y una merma en la calidad de su prestación; y ha impedido acceder a subvenciones y ayudas para mejorar los servicios y las infraestructuras, en un círculo vicioso que ha perpetuado las desventajas en las últimas décadas en el municipio.
Un mecanismo previsto en la legislación andaluza
Esta ordenanza aportará seguridad jurídica a los vecinos y al consistorio y “establecerá un procedimiento claro y participativo para garantizar derechos de los residentes y el cumplimiento de las obligaciones públicas en materia de servicios esenciales”, ha explicado Cuevas.
