Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos. Se trata de la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Los agentes han detenido a tres personas de origen neerlandés, entre ellas al cabecilla del grupo criminal que se había instalado en el municipio malagueño de Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
El principal investigado, que cambiaba de domicilio semanalmente para dificultar su localización, empleaba las aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas que le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda corriente.
Se han realizado tres registros, uno en Países Bajos y dos en España, en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella, fruto de los cuales se han intervenido más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo, tras cometer cuantiosas estafas con criptomonedas, se habría trasladado a España para ocultarse y tratar de blanquear el dinero obtenido de manera fraudulenta. Asimismo, las pesquisas se centraron sobre sus progenitores, quienes presuntamente habrían colaborado en el blanqueo del dinero.
Estafas mediante el fraude ‘Over the counter’
El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude ‘Over The Counter’ (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.
Se trata de un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediaros públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada. Esta falta de control era aprovechada por el investigado para llevar a cabo su actividad ilícita.
Por otra parte, el ahora detenido utilizaba las aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse como una persona de confianza para realizar diferentes transacciones con criptomonedas. Las víctimas contactaban con él a fin de convertir sus monedas virtuales en moneda corriente.
Primero le realizaban una transferencia, usualmente de cantidades bajas, que resolvía de forma satisfactoria, ganándose así su confianza. Sin embargo, en las siguientes transferencias, las víctimas aumentaban la cantidad de criptomonedas que transferían y el investigado ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente, incrementándose ilícitamente su patrimonio en monedas virtuales.
Los agentes averiguaron que el principal investigado habría estafado a víctimas de diversos países de Europa, encontrándose entre ellas, miembros de organizaciones criminales internacionales asentados en la Costa del Sol cuyos líderes pretendían blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.
Cambiaba de domicilio de manera semanal
El arrestado, adoptaba innumerables medidas de seguridad. Cambiaba de domicilio de manera semanal, pasando por diferentes viviendas de alquiler vacacional y además portaba siempre consigo los materiales informáticos necesarios para la comisión de su actividad ilegal. Esto, dificultó en gran medida su localización ya que cuando los agentes conocían su paradero, este se trasladaba a otra vivienda.
Además, respecto a las criptomonedas, llevaba a cabo transferencias a los conocidos como monederos «fríos» a fin de que ninguna persona de confianza que conociera las contraseñas y palabras «semilla» pudiera transferirlas. De esta manera dificultaba una posible acción policial.
Finalmente, los investigadores realizaron un registro en Países Bajos, en el que localizaron más de medio millón de euros y gran cantidad de efectos de lujo. Posteriormente, en una vivienda propiedad de familiares del principal investigado, los agentes descubrieron una caja fuerte con 238.000 euros en efectivo y relojes por valor de más de 600.000 euros además de numerosa documentación y teléfonos móviles.
Asimismo, localizaron en el domicilio numerosas joyas y ropa de primeras marcas, efectos que en total tendrían un valor que podría superar el medio millón de euros.
Las pesquisas policiales permitieron localizar el cabecilla a principios del pasado mes de septiembre en Marbella (Málaga) donde fue arrestado como presunto autor de delitos contra el patrimonio, constándole además en vigor una Orden Europea de Detención y Extradición. En el registro de su vivienda, se intervinieron relojes, efectos de lujo y más de 16.000 euros en efectivo.
Se trata de una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, a una sola persona, relacionada con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Operación
Agentes de la Policía Nacional, junto a la Nationale Politie de Países Bajos, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea.
Han explicado que esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.
Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.
Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.
